Un informe destapa graves irregularidades en Patrimonio Nacional

Un informe destapa graves irregularidades en Patrimonio Nacional

El Tribunal de Cuentas descubre contratos troceados, pago de dietas por ir a reuniones a las que no se asiste, inventarios irreales y alquileres de casas públicas a precios ridículos

Un informe del Tribunal de Cuentas sobre el consejo de administración de Patrimonio Nacional destapa graves irregularidades en la gestión y contabilidad en este organismo autónomo dependiente del Ministerio de Presidencia. El documento, el primero de este tipo que elabora la entidad fiscalizadora sobre Patrimonio Nacional, analiza a lo largo de 119 folios la gestión de esta firma pública durante el ejercicio 2013.

El contenido del informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es demoledor: desde vocales del Consejo de Administración que cobran dietas por ir a reuniones (900 euros por cada una) a las que no asisten, troceo de contratos menores que, año tras año, se adjudican a las mismas empresas vulnerando supuestamente la Ley de Contratos del Estado y los principios de concurrencia y publicidad; triquiñuelas para que determinados bienes sean disfrutados año tras año por las mismas personas, descontrol en las recaudaciones de las entradas a museos de palacios y templos religiosos (hay numerosos arqueos en los que se observa que las ventas de entradas no se corresponden con el dinero que llega a la caja); alquileres de edificios y solares públicos por cantidades ridículas (los hay de menos de tres euros mensuales); cesiones gratuitas de bienes públicos a terceros a cambio de nada, descontrol en el inventario de muebles e inmuebles y también deficiencias en traslados de obras de arte.

También hay piezas de valor que se han perdido y otras cuyo paradero se ignora, según se desprende del amplio informe que ha elaborado el departamento que dirige la vocal Enriqueta Chicano.

Tras su exhaustivo análisis, el tribunal señala que ha observado “numerosos errores y circunstancias que ponen de manifiesto debilidades del control interno en prácticamente todas las áreas de gestión” de este organismo público. Pertenecen a Patrimonio Nacional, por ejemplo, los palacios Real de Oriente, de Aranjuez y de la Almudaina, en Palma de Mallorca; el Palacio de la Zarzuela, el del Pardo y el monte que le rodea, especialmente protegido; el monasterio de Yuste, la administración del Valle de los Caídos, así como templos religiosos, fincas y casas forestales e incluso instalaciones deportivas repartidas por Madrid y otras provincias españolas. En general, todos los bienes relacionados con la Corona, incluidos los regalos que reciben los Reyes de mandatarios de otros países.

El informe, que en el futuro puede incorporar nuevas observaciones y alegaciones, advierte también de "debilidades" en las herramientas o aplicaciones informáticas de que se sirve Patrimonio Nacional para controlar sus bienes. Se trata de las denominadas aplicación Goya (que contiene la base de datos de los bienes muebles histórico-artísticos), de Gespre (gestión presupuestaria), Flippo (nóminas de los empleados), Gespou (existencias), Gesfincas (arrendamientos) e Ibis (catálogos de las reales bibliotecas), entre otros, según el informe.

El presupuesto de Patrimonio Nacional, con una plantilla entre funcionarios y personal laboral cercana a las 1.400 personas, fue de 113 millones de euros en el ejercicio fiscalizado, el de 2013.

Lo que ha examinado por primera vez el Tribunal, de oficio, es al órgano rector de este organismo, constituido en 2013 por el presidente, la gerente y 10 vocales, cinco de ellos con derecho a percibir dietas por asistencia a las reuniones del consejo y todos los bienes muebles e inmuebles que tiene el deber de preservar y administrar.

“En 2013 se celebraron 11 reuniones [del Consejo], habiéndose pagado a cada uno de los cinco vocales 9.900 euros en concepto de asistencias, a razón de 900 por reunión”, señala el informe. Este dinero fue “autorizado por el Ministerio de Hacienda para los años 2011 y 2012 y aplicado también por el consejo en 2013, aunque sin autorización expresa para ello”. El tribunal ha observado “que algunos pagos fueron indebidos por corresponder a reuniones a las que el perceptor no había asistido”, reza el documento.

El consejo de Patrimonio Nacional ha alegado ante el tribunal que estos pagos tenían soporte legal y que se debían a que los vocales implicados acudieron a otras reuniones. “No se puede aceptar que los citados artículos [legales] permitan el pago de indemnizaciones por la concurrencia a reuniones a personas que no han asistido a las mismas”, señala el Tribunal de Cuentas.

“En prácticamente ninguna de las áreas de gestión existen manuales de procedimiento que especifiquen las funciones a desarrollar, sus responsables, procesos, autorizaciones, supervisión, registros, etcétera. La experiencia y profesionalidad de los empleados del organismo suplen en gran parte estas carencias, pero no es suficiente (…) Y muchos servicios funcionan de modo casi autónomo".

Patrimonio Nacional ha comunicado al tribunal alegaciones sobre algunas de las irregularidades que han advertido los auditores que han elaborado este informe. El tribunal precisa: “La ausencia o insuficiencia de información o documentación fiable en algunas áreas ha impedido obtener evidencias sobre importantes aspectos de la gestión fiscalizada, constituyendo limitaciones al alcance, principalmente en las áreas de inmovilizado, deudores, acreedores, ingresos por la venta de entradas a los museos, ingresos por la venta de artículos en las tiendas de los mismos e ingresos por arrendamientos”.

El inventario relativo al Consejo, señala el informe, está formado por 180 registros (bienes), que incluyen 627 inmuebles, así como el relativo a los Reales Patronatos, que cuenta con otros 356 registros, que incluyen 471 inmuebles. Muchos de ellos figuran catalogados como Bien de Interés Cultural. “Los inventarios se soportan en una base de datos”, señala el Tribunal, “cuya información adolece de inexactitudes, omisiones, inconsistencia, falta de homogeneidad y discrepancias con otras fuentes de información, imposibles de conciliar”.

Señala también el informe que “un número elevado" de bienes figuran erróneamente en lo que se denomina Fuera de Patrimonio, "por exposición, depósito, restauración y otras causas". El tribunal ha detectado deficiencias en el contrato de depósito de bienes en el Palacio de la Moncloa, en el que la última revisión física de los bienes depositados allí se realizó en 2005, lo que supone un incumplimiento contractual reiterado y un riesgo sobre el control de los mismos”.

Otro contrato "de depósito relevante es el formalizado con el Museo del Prado, que venció el 22 de febrero de 2014 y que, a la fecha de remisión de este Informe a alegaciones, no había sido renovado, ni recuperadas las obras propiedad del Consejo cedidas al Museo. La causa", aclara el tribunal, "obedece a discrepancias entre las partes”.

También ha descubierto el tribunal “que en varias estancias del Consejo se custodian bienes privados de la Familia Real (por ejemplo, en varias salas del Palacio Real, en la cámara de seguridad, en el Palacio de La Quinta y en el edificio Instituto Llorente)”. El documento destaca "que, de acuerdo con la naturaleza privada de estos bienes, su custodia y gestión no corresponden a Patrimonio Nacional", sino a la Casa Real.

El documento contiene, además, la siguiente advertencia: "En las Reales Bibliotecas del Palacio Real y del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) y en el Archivo del Palacio Real se custodia también un importante patrimonio bibliográfico del Patrimonio Nacional y de los Reales Patronatos, que incluye incunables, manuscritos, libros, grabados, mapas y documentos históricos. De estos fondos no se elaboran inventarios formales (...) Y dado que, además, no se guardan registros históricos, no es posible conocer la situación de los fondos a una fecha pasada, ni controlar las altas y bajas de un periodo”.

Fuentes de Patrimonio señalan que su actuación se ha ajustado a la legalidad en todo momento y que el informe preliminar que les trasladó el tribunal ha sido contestado con alegaciones que ahora "está analizando" el órgano fiscalizador de las cuentas del Estado. Una vez que el tribunal concluya definitivamente el informe, añadiendo o eliminando observaciones, lo enviará a la fiscalía para que esta lo analice y determine si en la gestión de este organismo se han cometido infracciones penales.

PATRIMONIO AFIRMA QUE SUS CUENTAS REFLEJAN UNA IMAGEN FIEL
Patrimonio Nacional asegura en una nota que “las Cuentas Anuales del Patrimonio Nacional correspondientes al ejercicio 2013 fueron objeto de la preceptiva fiscalización por la Intervención Delegada en este Organismo que, mediante informe de 26 de junio de 2014, señala que “las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional”. Añade este organismo que “la Intervención General de la Administración del Estado ratificó esta opinión cuando le fueron remitidas las Cuentas (…) Y que, en todo caso, Patrimonio Nacional se ha atenido estrictamente al cumplimiento de la legalidad en todas sus actuaciones”. El informe del Tribunal de Cuentas (elaborado por sus auditores) que avanzó ayer este periódico “considera que, debido a las incertidumbres, omisiones y deficiencias detectadas en la fiscalización, los estados financieros del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2013 no expresan la imagen fiel del patrimonio ni de la situación financiera de la entidad fiscalizada”.

Sobre las críticas del Tribunal de Cuentas al hecho de que algún vocal ha cobrado dietas de 900 euros sin asistir a la preceptiva reunión, Patrimonio Nacional señala: “Al igual que en la totalidad de los Consejos de Administración de las Entidades Públicas, se aplica el dictamen de la Abogacía General del Estado de 22 de septiembre de 2002, que concluye literalmente: “Procede el abono de “asistencias” a las que se refiere el artículo 27.1.a) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio no solo en los casos de concurrencia personal, sino también de concurrencia por representación a las reuniones de los Consejos de Administración de empresas con capital o control públicos”. En ningún otro supuesto se ha procedido al abono de dichas asistencias a los Consejeros que no asistieron a las correspondientes reuniones”. El informe del Tribunal de Cuentas señala que es “inaceptable” que las normas alegadas por Patrimonio “permitan el pago de indemnizaciones por la concurrencia a reuniones a personas que no han asistido a las mismas”.

Respecto al troceo de contratos menores que denuncia el informe y la falta de publicidad y concurrencia, Patrimonio indica: “El Tribunal de Cuentas ha solicitado aclaraciones acerca de 4 supuestos de presunta fragmentación en un conjunto de 393 contratos menores tramitados por el Patrimonio Nacional en 2013”. Y añade: “En las alegaciones presentadas por esta Entidad al Tribunal de Cuentas se han aclarado tales supuestos, acreditando que en ningún caso se ha producido fragmentación ni irregularidad alguna”. .

Patrimonio afirma que “no existe discordancia entre las entradas vendidas y la recaudación en caja en ningún caso” y que, en todo caso, “los anteriores procedimientos manuales de venta de entradas vigentes en 2013 (…) fueron reemplazados dentro del Plan de modernización en 2014 por el actual sistema integrado de venta de entradas [a museos]”. Por el contrario el Tribunal de Cuentas indica que ha “observado importantes debilidades del control interno”.

Sobre los alquileres que en algunos casos son a menos de tres euros anuales, Patrimonio señala que tales supuestos no obedecen a actuaciones irregulares o tratos de favor. "Solo se producen cesiones gratuitas o arrendamientos a precios simbólicos de inmuebles cuando se cumplen dos criterios generales: que el cesionario sea una institución púbica y que el inmueble se vaya a dedicar a un uso cultural, recreativo, deportivo y otros para el disfrute de los ciudadanos, sin concurrir ánimo de lucro".

El Tribunal de Cuentas indicó ayer que su informe no es defintivo y que está sujeto a las alegaciones de Patrimonio, tal y como reflejó la información de este diario.

investigacion@elpais.es