Cultura retira a Fabra la gestión del castillo de Morella porque no invirtió lo suficiente (Castelló

Un informe de Patrimonio alerta del deterioro del monumento que requiere obras de emergencia


La ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha firmado una resolución por la que le retira a la Diputación de Castelló la concesión de la gestión del castillo y murallas de Morella. Cinco años después de que le fuera otorgada por el Gobierno Aznar, la corporación provincial pierde esa concesión administrativa. El gobierno provincial tiene seis meses, hasta final de año, para reintegrar el conjunto al Estado, que es su titular. Según la resolución, avanzada en enero pasado, el mal estado de algunos elementos del conjunto y la insuficiencia de las inversiones de la diputación le mueven a adoptar esta medida. Una decisión que hace unos meses motivó un recurso de la corporación provincial que defendía sus derechos de gestión por 50 años desde 2001.


La resolución ministerial pone fin a la vía administrativa por lo que a la diputación sólo le queda el recurso contencioso administrativo vía que, de acuerdo con lo manifestado el pasado mes de enero por Carlos Fabra, van a seguir para defender sus derechos.
Mientras, el ministerio ha acordado acometer obras de urgencia con una inversión de 300.000 euros para evitar que siga el deterioro, que no se palió, dicen, en los 5 años de gestión de la diputación que no ha invertido, añaden, lo suficiente. Simultáneamente se está elaborando un plan director que regirá el trabajo para la conservación de este valioso conjunto histórico-artístico. De hecho, como apuntó el alcalde morellano, Joaquim Puig, esta misma semana se reunirá el equipo redactor del citado plan.
El ministerio basa su resolución en un informe del Instituto del Patrimonio Histórico Español del 4 de febrero de 2005 que describe la situación física del castillo, convento y murallas de Morella, indicando la existencia de «fisuraciones generalizadas en diversos tramos de murallas y fábricas del castillo, faltas, alteraciones de materiales constitutivos de las murallas», entre otros problemas, lo que le lleva a afirmar que supone «un claro peligro de deterioro» del conjunto. En ello basa su afirmación de que «las inversiones realizadas por la diputación no han sido suficientes para lograr los fines previstos en la orden de otorgamiento de la concesión» que, entre otras cosas, le obligaba a conservar el conjunto.
La situación motivó la contratación en enero de una consultoría y asistencia para redactar el plan director y a iniciar el expediente administrativo para rescatar la concesión del castillo.
La gestión del castillo fue motivo de desencuentro entre la diputación popular y el ayuntamiento socialista. Pese a los intentos ambas administraciones no alcanzaron un acuerdo para cogestionar el conjunto, acusándose ambas de no haber realizado las inversiones requeridas.