La Armada española zarpa en defensa del patrimonio arqueológico sumergido

Este miércoles da comienzo la campaña en apoyo del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, en la que la Armada colaborará con el Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura.

Esta campaña es consecuencia del Acuerdo Interdepartamental de colaboración firmado por las ministras de Defensa y de Cultura en Cartagena el 9 de julio de 2009, en el que Defensa, a través de la Armada, se compromete a aportar los medios materiales y humanos necesarios, así como los fondos documentales de que dispone, para la protección de estos bienes.

La Armada pone a disposición del proyecto sus Archivos Históricos, así como modernas unidades navales con personal muy cualificado y experimentado, pertenecientes a la Fuerza de Acción Marítima, bajo el mando del almirante Emilio José Nieto Manso.

Esta colaboración durará un mes, y en ella participarán los cazaminas 'Turia' y 'Sella', y la lancha del Instituto Hidrográfico de la Marina 'Escandallo'. Los cazaminas, cuya base habitual es Cartagena, estarán basados en la Estación Naval de Puntales durante su despliegue.

El objetivo principal de la campaña es realizar la búsqueda, e identificación cuando sea posible, de naufragios en la plataforma continental del Golfo de Cádiz en el área entre la desembocadura del Guadalquivir y Tarifa, hasta una profundidad de 200 metros. Incluso buceadores de la Armada también participarían si fuese necesario.

Con la información obtenida se pretende elaborar una Carta Arqueológica Subacuática, que facilite la localización, identificación y evaluación de los yacimientos, valorando asimismo el riesgo al que están sometidos.

Esta iniciativa surgió a raíz del 'caso Odissey', que surgió hace tres años, cuando la empresa estadounidense expolió 'La Mercedes', un barco español hundido por la flota británica en 1804.

El Ejecutivo español emprendió entonces un litigio en la corte de Tampa (Florida), que aún hoy continúa, por los derechos de las 500.000 monedas que el navío albergaba en su interior. España lo ganó pero la empresa lo ha recurrido.