El fiscal aboga por tipificar el delito de excavación arqueológica ilegal

En el Código Penal hay más delitos que protegen el patrimonio histórico fuera del título específico dedicado a ellos que dentro. Por eso, haría falta una "reordenación sistemática" que englobase todas las infracciones delictivas alusivas al legado de la Historia. Ésta es una de las conclusiones a las que llega el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, en un análisis sobre la protección penal del patrimonio arqueológico, en el que además aboga por "llevar a cabo una tipificación expresa del delito de excavación ilegal".


El informe elaborado por el fiscal jefe de Andalucía ha sido publicado en el libro Tres estudios jurídicos sobre el patrimonio histórico, editado recientemente por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía bajo la coordinación de la Dirección General de Bienes Culturales.

En dicha publicación, Jesús García Calderón comparte páginas con el decano de la Facultad de Derecho de Cáceres, Emilio Cortés Bechiarelli, y la profesora de la Universidad Jaume I Cristina Guisasola Lerma. Los tres se acercan con la lupa del Derecho a la materia, sobre la que reflexionan desde un punto de vista estrictamente jurídico.

No es la primera vez que desde la Fiscalía del Alto Tribunal andaluz se pone de manifiesto la necesidad de ciertas reformas en la protección penal que actualmente se dispensa al patrimonio histórico. En distintas ponencias y cursos, el fiscal jefe ha venido abogando por esa tipificación expresa de la expoliación de piezas arqueológicas.

También en la Memoria de funcionamiento de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía correspondiente a 2004 se dedicaba un apartado a este asunto, pues los saqueos en yacimientos constituyen una de las formas más habituales de agresión al patrimonio histórico español.

En su análisis jurídico, García Calderón se muestra contundente al considerar tan "necesario" como "urgente" que se establezca un nuevo sistema de penas para este tipo de infracciones, de las que quedaría fuera el contrabando, que cuenta con una ley especial.

Además de considerar como un delito de hurto agravado el expolio de piezas arqueológicas mediante excavaciones ilegales o el uso de detectores y de plantear la conveniencia de que se tipifique la excavación ilegal como delito, el fiscal jefe de Andalucía cree que también se debería de tipificar "un nuevo subtipo agravado de receptación de bienes culturales", a fin de mejorar la persecución y castigo de esa conducta, consistente en la adquisición de bienes culturales para llevar a cabo, en muchas ocasiones, blanqueo de capitales.

Ello incidiría de forma importante en la lucha contra quienes se dedican a exportar clandestinamente piezas arqueológicas expoliadas, contra quienes se lucran vendiéndolas en el mercado ilícito.

En declaraciones a este periódico, el fiscal jefe del Alto Tribunal admitió que la legislación que protege el patrimonio desde una perspectiva penal es "mejorable y puede ser insuficiente en algunos aspectos, aunque en otros no".

Así, explicó que aparte de esa reordenación sistemática que plantea en su estudio, también haría falta la existencia de algunas nuevas tipologías expresas, concretas, que describan estas conductas no de una forma genérica sino de una forma específica. Entre ellas, aparte de la excavación ilegal, también sitúa el expolio del patrimonio subacuático.

El fiscal jefe quiso puntualizar que el expolio no sólo conlleva la apropiación de una pieza arqueológica, sino también la destrucción de información científica. "Esta condición del yacimiento como fuente de información científica tiene que ser protegida por el Derecho y sobre todo por el Derecho Penal", expresó.

En Andalucía, donde la protección del patrimonio histórico es especialmente necesaria por la importancia que tiene tanto en el ámbito cultural como en el económico, el número de delitos contra los bienes culturales es pequeño, pero comienza a ser apreciable. Granada figura entre las tres provincias donde más casos se dan, junto a Córdoba y Sevilla. En 2004, en la provincia granadina se contabilizó un total de 124 delitos contra el Medio Ambiente, de los cuales siete fueron contra el patrimonio histórico.

El hecho de que la delincuencia contra la riqueza patrimonial no ocupe un lugar destacado en las estadísticas criminales se debe a que, en la mayoría de los casos, la actuación administrativa y los expedientes sancionadores resuelven de manera suficiente las infracciones que se cometen.

En cualquier caso, como advirtió García Calderón, las cifras van creciendo "paulatinamente". Esta tendencia ya se apuntaba en el último informe de los fiscales medioambientales de Andalucía.

Sobre la protección del patrimonio de Granada, en opinión del fiscal jefe andaluz, existe una tutela "suficiente" por parte de las autoridades administrativas. No obstante, eso no significa que no se hayan registrado conductas merecedoras de reproche penal. Hay algunos juicios pendientes por supuestos delitos contra el patrimonio, en especial por situaciones de expolio arqueológico a manos de coleccionistas y aficionados a la arqueología.

Quizás uno de los casos locales más relevantes en lo que respecta a la actuación de la Fiscalía es el derribo de un edificio de la calle Mesones de la capital , el número 46. Se trataba de una vivienda protegida y la Fiscalía pidió que el edificio fuera reconstruido siguiendo las pautas del original. El caso está pendiente de juicio.

Otros expertos coinciden con el fiscal jefe en que la legislación española es mejorable en lo que a protección de bienes culturales se refiere. Por ejemplo, el coordinador de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, indicó a este periódico que él es partidario de sacar la materia del Código Penal y hacer una ley penal especial.

"Habría que unificar en un mismo texto legal las cuestiones puramente administrativas, sancionadoras, y las cuestiones penales, diferenciándolas perfectamente y utilizando los conceptos que son propios de su materia, pues son muy específicos y nos pueden llevar a error", subrayó Rodríguez León.

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de Cáceres, Emilio Cortés, abogó directamente por una reforma de fondo.