La juez reprocha al municipio pasividad en un caso de agresión al patrimonio

La sentencia tiene que absolver de un delito penal al promotor de una obra en el Albaicín, donde aparecieron restos de la Muralla Zirí, porque el Ayuntamiento no actuó de forma diligente

El Ayuntamiento ha recibido un duro reproche judicial por su pasividad en un caso de conservación del patrimonio, lo que ha obligado a la juez a absolver al promotor de una obra que continuó pese a haber una orden de paralización. La "callada por respuesta". Esta fue, según la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Granada, la única contestación que el Ayuntamiento de la capital dio al acusado cuando éste pidió la licencia que le permitiera continuar una obra en el Albaicín, donde habían aparecido los restos de la Muralla Zirí.

Fue precisamente el Ayuntamiento el que denunció a Manuel Matés, promotor de la obra, por un supuesto delito penal de desobediencia, al continuar con la ejecución de unas obras en las que habían cambiado las condiciones originales al aparecer los restos de un importante patrimonio. La denuncia se produjo ante la Fiscalía y ésta decidió acusar también al ahora promotor absuelto. Tanto el Ministerio Público como el Ayuntamiento (que representa la acusación particular) solicitaron al juez ocho años de prisión para el acusado.

Pese a este celo acusador de la Gerencia de Urbanismo, el proceso judicial ha desvelado que el Ayuntamiento actuó con bastante desidia en este caso e, incluso, tuvo actitudes contradictorias.

Manuel Matés pidió a Urbanismo una licencia de obras para rehabilitar las casas número 7, 11 y 13 de la calle San Juan de los Reyes, en el Albaicín. El permiso fue concedido en 2003. Pero al iniciarse las obras, se descubre la existencia dentro de las viviendas de restos de la Muralla Zirí. Es el propio acusado el que informa a las autoridades de este hecho y tanto la Delegación de Cultura de la Junta como el Ayuntamiento ordenan paralizar las obras. Cultura interviene entonces indicando a Matés las directrices que debe seguir a la hora de modificar el proyecto para garantizar la conservación del patrimonio. Según la sentencia judicial, el promotor hizo caso de estas recomendaciones y cambió sus planes modificando la ubicación de la escalera y remodelando la superficie útil de las viviendas, que quedó disminuida por la necesidad de conservar la muralla.

El proyecto modificado fue remitido a Urbanismo para que diera su visto bueno. Pero el Ayuntamiento nunca contestó. De hecho la juez expone que en el momento de emitir sentencia, el pasado 3 de octubre, todavía no había resolución municipal. Este "comportamiento omisivo" llevó al acusado a continuar las obras en la creencia de estar amparado por la norma del silencio administrativo positivo, lo que lo exonera de la desobediencia que se le atribuía.