Ordenanza que sustrajo legajos del Arxiu del Regne también se llevó de armas y material arqueológico

Los documentos robados no son los más importantes de los fondos. Recolocarlos será "muy complicado", según Ricard Urgell

El expolio sufrido en el Arxiu del Regne de Mallorca no se ha saldado con la sustracción de los documentos principales de sus fondos. Aunque este hecho no menoscaba en el daño infringido en el patrimonio documental de la isla. El director del Arxiu, Ricard Urgell, especificó que el perjuicio perpetrado por parte del ordenanza que ayer fue condenado a ocho meses de cárcel por apoderarse de papeles de entre los siglos XVI y XIX es "muy elevado" e "incalculable", porque el susodicho se llevó fragmentos de legajos que en estos momentos es harto complicado recolocar correctamente en el documento de origen. "La inversión de tiempo que necesitaría un empleado en resituar toda esta documentación no se puede contabilizar", lamenta Urgell.
El director del Arxiu desveló también que en el informe pericial se señala que las autoridades confiscaron 50 piezas de carácter museológico, entre armas y material arqueológico. Por orden del juez, todo este material permanece de momento depositado en el Arxiu, al igual que las 35 cajas archivadoras halladas en el garaje del acusado.
La tipología de documentos sustraídos es variada. Hay documentos notariales del Antiguo Régimen. En este caso, se conservan los registros, las minutas de los documentos originales. Entre lo hallado también hay documentos judiciales, como expedientes de la Real Audiencia. Algunos de éstos todavía no estaban catalogados, comenta Urgell, "pero se sabe perfectamente de dónde se sacaron". También hay papeles de la Administración patrimonial y de la municipal anteriores al siglo XVIII, y también del clero, como indulgencias o beneficios eclesiásticos. El material hallado se divide en tres categorías: documentos cuyo fondo de procedencia y archivo se conoce; los de procedencia probable y los de procedencia desconocida.
De las 35 cajas confiscadas, Urgell señala que sólo un porcentaje pequeño se sabe de dónde procede con seguridad, pues son documentos que se han podido identificar por alguna característica externa como un sello. Los que no ostentan símbolos externos, "va a ser muy complicado recolocarlos". En cuanto a la restauración de las piezas dañadas por el acusado, Urgell señala que todo eso lo tendrán que valorar los técnicos y que de momento no puede actuar hasta que la sentencia no se haga efectiva.
Además de los ocho meses de cárcel, la magistrada condenó al acusado a una multa de un año a razón de cuatro euros diarios, así como a la inhabilitación para desempeñar un empleo relacionado con los archivos o bibliotecas públicas durante un periodo de cinco años.