La Junta de Andalucía pacta con Ricardo Marsal la donación de su valiosa "colección".

El acuerdo, que se rubricó ayer tres años después de la incautación de más de 100.000 piezas, implica que Cultura solicitará el archivo de la causa contra el ingeniero.


Tres años después de que el Seprona procediese al registro domiciliario y posterior incautación de la valiosa y extensa colección de objetos arqueológicos amasada, presuntamente mediante la compra sistemática de piezas procedentes de yacimientos expoliados, por el ingeniero de Caminos madrileño Ricardo Marsal en sus dos fincas enclavadas entre los términos municipales de Herrera y Écija, la Consejería de Cultura ha alcanzado un acuerdo con éste que viene a zanjar el contencioso.

El acuerdo se cerró en la mañana de ayer en la dirección general de Bienes Culturales que detenta Jesús Romero Benítez con la presencia de Marsal, su hija y su representante legal. En el documento cursado en el registro de Cultura, éste dona su impresionante fondo arqueológico –compuesto por casi 108.000 piezas que van desde el 3000 a.C. hasta el Medievo y proceden de 723 yacimientos de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cáceres e incluso Teruel– a la Junta, y la consejera se compromete, a su vez, a emitir en breve una orden de aceptación de dicha donación.

En paralelo, los servicios jurídicos solicitarán a los tribunales que instruyen la causa el sobreseimiento y archivo de la misma, lo que evitará a las partes un enfrentamiento en los tribunales siempre y cuando el juez dé el visto bueno.

En este sentido, este diario ha podido saber que durante las diligencias practicadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Écija se hallaron indicios racionales de criminalidad en la actuación de Ricardo Marsal, y así se trasladó a las partes, que no obstante han preferido resolver el asunto de modo amistoso, evitando una probable condena de cárcel –que no habría cumplido el acusado al tener más de 72 años– o una indemnización, además de la incautación de la colección.

Aunque no es la Junta la única administración personada en la causa (también el Ayuntamiento de Écija y alguna otra comunidad autónoma), Jesús Romero matiza que "los demás van al socaire de nosotros", por lo que da cerrado el asunto Marsal en su fase judicial.


Unidad de la colección.

Los términos del acuerdo comportan, además, que la colección no se disgregará al menos en un principio. Por expreso deseo de Ricardo Marsal, quien desde hace años soñó con crear una fundación y abrir un museo en sus terrenos, estos fondos permanecerán unidos en manos de Cultura al menos durante el tiempo que los técnicos tarden en proceder a u catalogación y estudio (ya por mandato judicial se procedió a su inventariado).

Para este menester, Bienes Culturales se ha fijado un plazo máximo de dos años. La tarea la acometerá un equipo externo contratado a tal efecto que trabajará en las dependencias del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), en las que se hallan custodiadas, también por mandato judicial, las 108.000 piezas de la colección.

"Ese catálogo dará unidad a un fondo tan variado en el que hay muchas piezas relacionadas, pero otras que no, y en el que lo realmente importante no es el objeto en sí mismo, sino la información científica que ha podido salvarse porque Marsal pedía a los expoliadores una ficha de cada vestigio que compraba, y aun con las reservas oportunas, son estos datos los únicos válidos para su contextualización", explica Jesús Romero, quien vaticina que si al final del proceso hubiese reclamaciones por parte de comunidades autónomas o ciudades –porque la procedencia de las piezas está clara en un elevado porcentaje–, podrían ser atendidas, "teniendo en cuenta que estos bienes, por ley, deberán ir a los museos arqueológicos provinciales", matiza.

Con la conversión en pública de esta colección de privada, la Junta dice garantizar "su acceso futuro a la comunidad científica". Sobre su lugar de depósito, se barajan dos opciones: que sirva de complemento al discurso museográfico de algún Museo Arqueológico –"porque de la colección no puede sacarse un museo e incluso hay piezas no musealizables", refiere Romero– o que se traslade, una vez acometida su rehabilitación, a las tres espaciosas naves recién adscritas a Cultura –eran de la antigua Compañía del Tabaco– en San José de la Rinconada y cuya finalidad será la de descongestionar los atestados almacenes de los museos arqueológicos andaluces.


Legalización.

La resolución pactada entre Marsal y la Junta supone para el primero una salida airosa ante una delicada situación –siempre ha justificado sus millonarias compras sobre la base de que así evitaba, ante la ceguera de la Junta, que el riquísimo patrimonio expoliado por piteros y demás acabase saliendo de Andalucía o incluso al extranjero, algo que muchos le han criticado por lo que de incitación del negocio implicaba–, y para la Administración andaluza la posibilidad de legalizar la colección en el momento en que dice el director de Bienes Culturales que puede hacerse, es decir, tras las actuaciones del Seprona y del juzgado.

La donación comprende la mayor parte de lo atesorado por Marsal, pero no todo. Lo adquirido –y tiene las fechas– antes de la promulgación de la Ley de Patrimonio en 1985 habría de serle devuelto porque hasta entonces no había disposición legal que prohibiese el acopio de restos arqueológicos.