Defensa de la Arqueología, por José Javier Álvarez García

José Javier Álvarez es Arqueólogo y Vicepresidente de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Granada.


La paralización de una obra por la aparición de los restos arqueológicos no es un capricho. Otra cosa es el toma y daca de las Administraciones cuando usan los hallazgos como arma arrojadiza

La Arqueología parece que se percibe por la sociedad, en la mayoría de los casos, como una traba que pone la Administración antes de realizar una obra. Sin embargo, el origen de cualquier intervención está en la aplicación de un régimen jurídico que regula las actuaciones sobre nuestro Patrimonio Histórico. Por tanto, las excavaciones no se realizan por capricho de ningún iluminado, sino en cumplimiento de una norma. La ciudad debe comenzar un proceso de reflexión sobre su futuro y, en este proceso, el estudio de su devenir histórico es esencial. Es la propia sociedad la que, a través de la información y la educación, ha de asumir una actitud positiva frente a la conservación de los restos del pasado y no ver en ella una carga impuesta sino un valor añadido.

El caso granadino no difiere mucho del de otras provincias andaluzas. En los últimos veinte o treinta años se está produciendo un desarrollo urbano sin freno, en constante expansión, depredador. Este desarrollo no solo se ciñe a la construcción de urbanizaciones, sino que viene paralelo a la necesidad de construir importantes infraestructuras, desde la red de abastecimientos de gas o agua a las grandes infraestructuras, como autovías, autopistas o líneas de alta velocidad, que producen un gran impacto paisajístico, ambiental y, por supuesto, arqueológico. Mientras que sobre el paisaje y el medio ambiente es posible limitar dicho impacto e incluso articular medidas correctoras, el daño que pueden sufrir los restos arqueológicos es irreversible.

En Granada están perfectamente definidas las zonas de riesgo arqueológico y el nivel de cautela; solo hay que consultar el PGOU. Solamente en muy contados casos, la existencia de restos ha impedido la ejecución del proyecto diseñado. En cuanto al costo de la intervención, dudo mucho que incremente el precio de la edificación hasta un 40%, como algunas desinformaciones pretenden hacer creer. De ser así sería imposible construir en Granada, y más en su casco histórico. Pero, ¿esto es cierto? Basta con dar un paseo por el ‘cogollo’ de la Granada histórica (Calderería, San Juan de los Reyes o Cuesta del Chapiz) a primeras horas de la mañana y ver el bullicio de camiones, ‘dumpers’, andamios… ¿Han impedido los restos de nuestro pasado las construcciones? ¿Han arruinado a las constructoras que obtienen una plusvalía delirante por los edificios situados en el centro histórico de una de las más bellas ciudades de España?

¿Es así nuestra ciudad por azar o lo es por un bagaje histórico, que es el que le confiere esa seña de identidad propia, ese entramado de calles y plazas, esas imponentes murallas de época zirí o nazarí, esos baños? ¿Es realmente tan nefasto paralizar temporalmente una obra, y más una gran obra, que pagamos todos los granadinos, ante la aparición de unos restos y poder evaluar su potencial histórico, arqueológico y artístico? ¿Es tan grave permitir dejar constancia documental de su existencia y, si es posible, su recuperación para generaciones futuras? ¿Qué supone el tiempo y los medios destinados a ello frente al tiempo dilapidado por otros intereses?

Los profesionales de la Arqueología no actuamos de forma caprichosa, pese a ser sometidos a enormes presiones, entre otras mediática y política, por no decir la de los propios afectados, que en todo caso es la más legítima de todas. El profesional de la Arqueología merece el mismo respeto que cualquier otro que interviene en el proceso. ¿Por qué no se acusa a un arquitecto, con todo el respeto hacia ellos, del retraso en la obtención de una licencia de obras y, en cambio, se nos acusa a los arqueólogos de paralizar durante meses un proyecto? ¿Sabe la sociedad que el mayor número de intervenciones arqueológicas están realizadas en un plazo que apenas supera un mes, a lo sumo dos meses?

El debate no está en los restos ni en los arqueólogos. El debate reside en otros ámbitos, en el modelo de desarrollo que queremos elegir. Si es aquel en el que el pasado, como en la revolución cultural china, debe ser aniquilado, dígase con claridad. Que una villa romana molesta para una carretera, que se destroce en vez de intentar un trazado alternativo. Si aparece el cráneo del primer maracenero, qué importa, el cementerio está lleno de ellos. Que una zanja para la conducción de aguas se está llevando por delante parte de la necrópolis más importante de la ciudad, adelante.

Ahora, si el debate es otro, el del toma y daca entre administraciones que usan la aparición de unos restos como arma arrojadiza, déjese claro, denúnciese, pero sin ningunear la Arqueología y su importancia y sin arrojar dudas sobre los profesionales que nos dedicamos a ello.

El Patrimonio Arqueológico no puede convertirse en un argumento coyuntural utilizado con los más dispares propósitos. La solución parece simple: los responsables han de expresarse con total rotundidad a favor de la aplicación de la legislación vigente.