El fiscal lleva al juzgado al ex alcalde de Castell por autorizar 400 pisos supuestamente ilegales

Pide que se cite a declarar también como imputados a varios concejales, a un técnico y al secretario La Fiscalía del TSJA ve indicios de cuatro presuntos delitos de prevaricación urbanística

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido cuatro decretos que afectan a otras tantas promociones inmobiliarias en Gualchos Castell de Ferro, tres de ellas ya acabadas. En todas ellas el fiscal ve indicios de supuesta prevaricación urbanística al haberse autorizado obras que no se ajustaban a la normativa vigente. En la mayoría de los casos se ha detectado un presunto aumento de la edificabilidad y de la altura permitida.

La Fiscalía del TSJA ha remitido las diligencias al Juzgado Decano de Motril para que continúe la investigación. En sus escritos el Ministerio Fiscal solicita que se tome declaración en calidad de imputados al ex alcalde de Castell, el socialista Miguel Torres, a los concejales que participaron en las votaciones, así como al técnico municipal y al secretario del Ayuntamiento que informaron a favor de las promociones inmobiliarias.

El urbanismo del municipio costero vuelve a estar en la picota. En enero la Audiencia Provincial 'amnistió' al ex alcalde de Castell de Ferro, a la secretaria y al arquitecto del Ayuntamiento que habían sido condenados por un juzgado motrileño en septiembre 2006 a un año de prisión, siete de inhabilitación y a pagar 60.000 euros a los vecinos perjudicados por un supuesto delito urbanístico.

Denunció el PP

El PP llevó los últimos cuatro casos a la Fiscalía en el mes de noviembre. Durante este tiempo los agentes del Seprona han comprobado las supuestas irregularidades.

Una de las promociones cuenta con 299 apartamentos y ha excedido presuntamente la edificabilidad permitida en 11.487 metros cuadrados. El edificio también supera la altura autorizada, en algunas partes hasta en seis metros y medio. Según la diputada provincial del PP Luisa García Chamorro los pisos se han construido en una zona afectada por un cauce, junto a la rambla de Lújar, sin que se haya solicitado ningún informe.

Solo una sin acabar

En total, las cuatro promociones investigadas suman 412 viviendas, de las que la inmensa mayoría están ya acabadas. En realidad, la única promoción que se encuentra en marcha es la que afecta a la ladera del histórico castillo de Castell, donde hay licencia para levantar 63 viviendas. El fiscal recoge en su decreto que el Ayuntamiento concedió el permiso de obras cuando todavía no se había acabado la tramitación del proyecto. Hace algunos meses un grupo de vecinos de Castell de Ferro difundió un manifiesto en el que pedían que se detuvieran las obras, que según el Ayuntamiento son legales. Sin embargo, García Chamorro -y en una línea parecida la Fiscalía- piensa que la actuación afecta al patrimonio cultural e histórico y es una «auténtica barbaridad».

El PP no quiso ayer adivinar más de lo que hay, que es una investigación penal por cuatro supuestos delitos de prevaricación. Pero sí llamó la atención sobre algunas coincidencias: «En las cuatro obras el técnico es el mismo, el alcalde es el mismo... todo confluye en las mismas personas. Coinciden muchos nombres», elucubró Chamorro.