La Unesco denuncia la falta de control sobre las parcelaciones ilegales en Medina Azahara.

El informe de Icomos recoge un contundente análisis sobre las edificaciones ilegales y denuncia la «dejación» de los criterios que deben velar por el yacimiento

La Unesco ha puesto el grito en el cielo con lo que está sucediendo alrededor de Medina Azahara y las parcelaciones ilegales. El informe que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha hecho sobre el estado que presenta el Centro Histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1994, recoge un capítulo sobre el yacimiento arqueológico con una conclusión drástica: la dejación de los criterios que deben velar por el patrimonio ha deparado un problema de grandes dimensiones y riesgos para la ciudad palatina.

Aunque la misión de los inspectores de la Unesco estaba dirigida a las 54 hectáreas protegidas en el Casco (de San Basilio a la calle Feria), en su protocolo de actuación destacan que también hay que observar si la gestión del resto del patrimonio en la ciudad está acorde a los principios generales de conservación.

Por ello, el equipo que durante finales de 2003 y comienzos de 2004 trabajó en Córdoba, y según ha podido constatar ABC, giró varias visitas al yacimiento para comprobar su estado y la amenaza de las edificaciones ilegales (más de 300) que invaden la zona protegida, han acabado denunciando este fenómeno y sus efectos perniciosos en el informe que durante 2005 recibirá oficialmente la Unesco.

Medina Azahara no ha sido el único monumento o espacio fuera del perímetro protegido que se ha estudiado. Los efectos de proyectos como el Palacio del Sur, las actuales reformas del Puente Romano, las actuaciones previstas para Caballerizas Reales o el puente de Miraflores han sido observados con lupa.


Comisión técnica

El dictamen inicial de Icomos llega en un momento en el que la polémica de las parcelaciones está más viva que nunca. Por un lado, se ha constituido una comisión de trabajo entre Junta y Ayuntamiento para buscar soluciones a la situación de estos residentes y los efectos sobre el yacimiento. Sin apenas resultados, ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la normativa que se aplicará para buscar salidas a las casas.

A la par, el caso ha saltado al Parlamento de Andalucía, donde la consejera de Cultura Rosa Torres prometió, en respuesta a preguntas del PP el pasado jueves, que habría salidas, «pero no satisfactorias» para todos los vecinos de Córdoba la Vieja, Cercado de las Pitas y Gorgoja-II.

Según la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico promulgada por Icomos en 1990, el patrimonio arqueológico «es una riqueza cultural frágil y no renovable» de ahí que «los planes de utilización del suelo deben ser ordenados y controlados con el fin de reducir al mínimo la destrucción de este patrimonio», reza en su artículo 2.


Expediente de declaración

Bajo este prisma, la Unesco destaca en su informe las actuaciones que se han desarrollado sobre Medina Azahara para su recuperación y conservación, además, cómo no, de su propio valor internacional para la arqueología. Cuestiones, todas ellas, que se ven amenazadas por este fenómeno parcelario. Un problema que afecta a otros yacimientos emblemáticos muy cercanos, como el caso de Itálica (Santiponce).

La Junta de Andalucía conoce ya las conclusiones a las que ha llegado Icomos sobre esta problemática. Según fuentes oficiales consultadas por ABC, tanto el Ministerio de Cultura que dirige la egabrense Carmen Calvo, como la propia Consejería del ramo están dando los primeros pasos para redactar el pertinente expediente con el que se solicite la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de Medina Azahara, la misma declaración que ya tienen la Mezquita (1984) y el Centro Histórico cordobés (1994).

La Junta parece que ha empezado a tomarse algo más en serio el problema de las parcelaciones ilegales, que lleva coleando con especial virulencia en el yacimiento desde 1996, fecha en la que empezaron los trabajos de redacción del Plan Especial de Medina Azahara. De hecho, la Junta asume que las 340 viviendas ilegales objeto de la polémica surgen a partir de esta fecha. La estrategia de Cultura al respecto parece que va a dar un giro de 360 grados. A la reunión fijada para enero con el Ayuntamiento, se sumará, según ha podido confirmar ABC, un foro de expertos nacionales en patrimonio cultural para debatir en Córdoba sobre la incidencia de las edificaciones ilegales sobre la ciudad palatina. Unas jornadas que llevan toda la intencionalidad del mundo, habida cuenta las divergencias que existen entre la Administración autonómica gobernada por el PSOE, el equipo de gobierno de IU en la capital y el propio PP sobre este asunto.