Paralizan unas obras al edil del PSA que afectan a un poblado medieval en Almayate, Vélez Málaga.
16/12/04 .- diariosur.es/Agustín Peláez - Málaga
Los supuestos daños se producen al realizar un movimiento de tierra en una zona de protegida por el PGOU y donde estuvo enclavada una antigua alquería El Ayuntamiento de Vélez-Málaga exige al concejal un informe arqueológico
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha ordenado la paralización del movimiento de tierra realizado en una finca de Almayate Alto, propiedad del único edil del PSA en el Ayuntamiento de Vélez, Antonio Pérez Escaño, a pesar de exigir el PGOU un informe arqueológico previo como zona de protección. El documento urbanístico del municipio prohíbe cualquier movimiento que afecte al subsuelo por tratarse de una zona con abundantes restos de viviendas medievales que formaron parte del Poblado Alto de la Alquería de Almayate.
El técnico de Patrimonio y arqueólogo del Ayuntamiento, Emilio Martín, ha señalado que el rebaje realizado en el terreno dista apenas unos 30 metros de los restos de la antigua torre vigía existen en el poblado.
Según una primera inspección realizada el pasado lunes, todo indica que el movimiento de tierra ha afectado a los restos de varias viviendas, por lo que Martín ha emitido un informe en el que se propone ordenar la inmovilización de los escombros resultantes de la obra al objeto de llevar a cabo una intervención arqueológica para rescatar los restos de interés. El informe propone como sanción que la intervención arqueológica sea abonada por el propietario de terreno y edil del PSA.
Inspección
El edil de Urbanismo, José Luis Sánchez Toré (GIPMTM), señaló ayer que los inspectores de la Gerencia ordenaron verbalmente el pasado lunes la paralización de las obras en la zona donde se ha realizado la explanación y que una vez emitido el informe de patrimonio se procederá a dictar el correspondiente decreto de paralización. El edil dijo además que Pérez Escaño sólo tiene licencia para llevar a cabo el cerramiento de la finca, pero no para ejecutar ningún rebaje.
El concejal del PSA, Antonio Pérez, que aseguró contar con todos los permisos municipales, declaró que es cierto que ha llevado a cabo un movimiento de tierra en una de las zonas más altas de la finca que posee en la Ermita Alta de Almayate Alto, con el fin de instalar un depósito de agua para riego, y que han aparecido restos de tejas y mazaríes, pero que desconocía que en la zona hubiese ningún tipo de protección.
Cerro de pizarras
Pérez señaló que según le ha informado el propio arqueólogo municipal la zona afectada corresponde al suelo de una antigua vivienda medieval, «aunque lo único que había era un cerro de pizarras pintadas de blanco».
El edil dijo asimismo que no está claro que la zona esté protegida, aunque desde el departamento de Patrimonio se señala que el lugar donde se ha llevado el movimiento de tierra está en el centro de una mancha protegida mucho más amplia.
El concejal del PSA en la oposición municipal atribuyó ayer la paralización de las obras para la realización del depósito a una «persecución política pura y dura. Me quieren presionar porque me negué a entrar en el pacto y a apoyar la investidura de Antonio Souvirón, y deben saber que no me pienso vender por un contrato como concejal delegado con dedicación exclusiva por 3.000 euros al mes».
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha ordenado la paralización del movimiento de tierra realizado en una finca de Almayate Alto, propiedad del único edil del PSA en el Ayuntamiento de Vélez, Antonio Pérez Escaño, a pesar de exigir el PGOU un informe arqueológico previo como zona de protección. El documento urbanístico del municipio prohíbe cualquier movimiento que afecte al subsuelo por tratarse de una zona con abundantes restos de viviendas medievales que formaron parte del Poblado Alto de la Alquería de Almayate.
El técnico de Patrimonio y arqueólogo del Ayuntamiento, Emilio Martín, ha señalado que el rebaje realizado en el terreno dista apenas unos 30 metros de los restos de la antigua torre vigía existen en el poblado.
Según una primera inspección realizada el pasado lunes, todo indica que el movimiento de tierra ha afectado a los restos de varias viviendas, por lo que Martín ha emitido un informe en el que se propone ordenar la inmovilización de los escombros resultantes de la obra al objeto de llevar a cabo una intervención arqueológica para rescatar los restos de interés. El informe propone como sanción que la intervención arqueológica sea abonada por el propietario de terreno y edil del PSA.
Inspección
El edil de Urbanismo, José Luis Sánchez Toré (GIPMTM), señaló ayer que los inspectores de la Gerencia ordenaron verbalmente el pasado lunes la paralización de las obras en la zona donde se ha realizado la explanación y que una vez emitido el informe de patrimonio se procederá a dictar el correspondiente decreto de paralización. El edil dijo además que Pérez Escaño sólo tiene licencia para llevar a cabo el cerramiento de la finca, pero no para ejecutar ningún rebaje.
El concejal del PSA, Antonio Pérez, que aseguró contar con todos los permisos municipales, declaró que es cierto que ha llevado a cabo un movimiento de tierra en una de las zonas más altas de la finca que posee en la Ermita Alta de Almayate Alto, con el fin de instalar un depósito de agua para riego, y que han aparecido restos de tejas y mazaríes, pero que desconocía que en la zona hubiese ningún tipo de protección.
Cerro de pizarras
Pérez señaló que según le ha informado el propio arqueólogo municipal la zona afectada corresponde al suelo de una antigua vivienda medieval, «aunque lo único que había era un cerro de pizarras pintadas de blanco».
El edil dijo asimismo que no está claro que la zona esté protegida, aunque desde el departamento de Patrimonio se señala que el lugar donde se ha llevado el movimiento de tierra está en el centro de una mancha protegida mucho más amplia.
El concejal del PSA en la oposición municipal atribuyó ayer la paralización de las obras para la realización del depósito a una «persecución política pura y dura. Me quieren presionar porque me negué a entrar en el pacto y a apoyar la investidura de Antonio Souvirón, y deben saber que no me pienso vender por un contrato como concejal delegado con dedicación exclusiva por 3.000 euros al mes».
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