Cultura firma un convenio con la Generalitat para la mejor protección del Patrimonio de Cataluña

Cultura firma un convenio con la Generalitat para la mejor protección del Patrimonio Histórico de Cataluña

El Ministerio de Cultura ha firmado un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para colaborar en la mejor protección del Patrimonio Histórico situado en el territorio de esta comunidad autónoma. Este convenio incluye la elaboración de un Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión de instituciones eclesiásticas.

El ámbito de esta colaboración se centrará en la recogida de datos que permita elaborar un inventario, a los efectos del artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La Generalitat de Cataluña se compromete a llevar a cabo ese inventario y a cumplimentar unas fichas a tenor de lo previsto en las normas específicas elaboradas a tal fin por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Las fichas en cuestión se referirán a todos los objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico de singular relevancia que se encuentren en los inmuebles cuya relación se acompaña, y que ha sido proporcionada por la Generalitat.

La cantidad que aportará Cultura a la Generalitat constituye una cantidad total de noventa y dos mil quinientos sesenta y ocho euros (92.568 euros) a transferir por el Departamento que dirigie Carmen Calvo con cargo al concepto presupuestario.

ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE

La Generalitat de Cataluña se obliga a la entrega de las fichas debidamente cumplimentadas, antes del 31 de diciembre de 2006. Este plazo se podrá prorrogar por un mes previo acuerdo mutuo de ambas partes.

El BOE publica este convenio, que recoge Europa Press, suscrito por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña, con la voluntad de colaborar en la mejor protección del Patrimonio Histórico situado en el territorio de Cataluña. Se trata de un anexo a la resolución de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990.