La Junta niega dejación en el derrumbe del Castillo de Matrera (Cádiz)

La Junta niega dejación de sus servicios en el derrumbe de parte del Castillo de Matrera

La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Cádiz difundió el 10 de mayo de 2013 el siguiente comunicado: “Desde que se produjo el derrumbe de parte del Castillo de Matrera, la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha realizado una exhaustiva investigación documental en sus registros. A través de ella se ha podido constatar que, desde que en el mes de mayo de 2011 tuvo conocimiento del estado de conservación del BIC Castillo de Matrera ubicado en el término de Villamartín, se han efectuado más de una docena de diligencias, todas ellas dentro de las competencias que le otorga la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía. De esta forma, en ese mismo mes de mayo se abrieron Diligencias Informativas a la entidad propietaria del inmueble -Urbi-Prado S.L.- recordándoles los artículos 14 y 15 de la citada Ley respecto de las obligaciones de los titulares de los bienes integrantes del Patrimonio para su conservación, mantenimiento y custodia, así como que el incumplimiento de tales obligaciones pueda dar lugar a sanciones de hasta 100.000 euros”.

El comunicado añade: “Desde la fecha de esa primera diligencia (18/5/2011), las gestiones -así como las comunicaciones con la propiedad- se han ido sucediendo sin pausa. La propiedad encargó informe y redacción de proyecto, los técnicos de la Consejería giraron visitas de inspección y redactaron un informe donde se indican las actuaciones por detallar de manera urgente, coste estimado y plazo de ejecución. De todas las gestiones realizadas y de todos los informes ha tenido constancia puntual el Ayuntamiento de Villamartín, con cuyo Alcalde se reunió la, por entonces, delegada provincial de Cultura para abordar, entre otros asuntos, el estado del Castillo.
En el segundo semestre de 2012, la propiedad entregó el Proyecto de Consolidación del Castillo que, tras un primer paso por la Comisión de Patrimonio, fue objeto de correcciones y aprobado el 24/9/2012 por Resolución de la delegada territorial. En dicha resolución se recuerda a la propiedad que, al tratarse de una orden de ejecución, el plazo de las obras será de tres meses, de conformidad con el informe técnico. Con posterioridad, la titularidad presentó proyecto modificado, que fue de nuevo aprobado (14/1/2013) en una nueva resolución en la que se reiteraba que el plazo continuaba siendo de tres meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución aprobatoria.
Los esfuerzos realizados no se han visto, sin embargo, respaldados por el Ayuntamiento de Villamartín que ha dilatado la expedición de la licencia de obras solicitada por el titular del inmueble. Habiendo esta presentado una primera solicitud el 24/11/2012, y una segunda el 8/2/2013, la propiedad se dirige a esta Delegación Territorial con fecha 12/4/2013 solicitando la ampliación de los plazos de ejecución de las obras de consolidación, que había resultado imposible de comenzar al no haber recibido por parte de la corporación local la pertinente licencia. El resto de los acontecimientos es de sobra conocido.
Desde la delegación territorial de Educación, Cultura y Deporte se echa en falta la diligencia que se le supone a la Administración local, en este caso el ayuntamiento de Villamartín, que si, como manifiesta, tenía conocimiento del peligro de ruina del inmueble, podría haber actuado en defensa de ese patrimonio. Por último, La Junta de Andalucía se reserva el derecho de tomar todas las medidas legales, tanto las sancionadoras como aquellas que obliguen a la restauración de la parte del BIC derrumbada”.