El patrimonio arqueológico como estímulo, alternativa o complemento al desarrollo rural
10/5/13 .- http://www.juntadeandalucia.es
Cualquier apuesta que se ponga en marcha con el objetivo de proteger, conservar y difundir el patrimonio necesita de varios, llamémoslos, puntales y éstos son, en concreto, cinco: el institucional, el político, el económico, el científico y el social. Si alguno o algunos de estos cinco apoyos dejan de sostener ese patrimonio cultural, monumental, artístico, histórico y, por supuesto, arqueológico, el bien no podrá salir adelante por mucho empeño que el resto de los valedores pongan en ello o, si lo hace, será costa de su deformación.
El primer puntal, el apoyo institucional, existe puesto que la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, recoge de manera clara y concisa las normas que se consideran necesarias para la protección, conservación y puesta en valor de los bienes culturales, sean éstos del tipo que sean. Pero los bienes culturales en Andalucía son innumerables -de hecho, existen más de 17.000 BIC declarados, así como otros muchos bienes que no lo están-, y, muchos de ellos, ya sean BIC o no, están desvirtuados, abandonados, desprotegidos y, lo que es peor, en muchos casos destruidos. La realidad se impone y diariamente la prensa pone el dedo en llaga: edificios catalogados que se declaran en ruina y que deben ser demolidos mediante actuaciones de emergencia; castillos y murallas que se desploman; villas romanas que se las tragan los ríos que se salen de los cauces debido a desastres naturales y no tan naturales; expolios continuados sobre zonas arqueológicas cuyo ámbito protegido es tan amplio que se hace inviable la vigilancia exhaustiva –si bien, todo hay que reconocerlo, las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado contra los furtivos son ejemplares-, etc.
Si institucionalmente se tienen las cosas tan claras, la pregunta qué hay que hacerse a continuación es la siguiente: ¿qué está fallando? Y sobre todo ¿por qué ahora se están agudizando todos los problemas? Pues bien, simple y llanamente porque se tambalean o se han caído los otros puntales.
En el caso de que no exista un claro apoyo político al patrimonio arqueológico, resulta casi inviable garantizar su protección y su conservación. Asimismo, es poco más o menos que imposible poner en marcha iniciativas, inversiones o financiación que permita no solo poder llevar a cabo las obras necesarias de excavación, conservación, restauración, urbanización y difusión de los yacimientos, sino que garantice su mantenimiento y la continuidad de los trabajos y de los estudios, cuando las urnas decidan los cambios que la ciudadanía estime convenientes.
Si por otro lado lo que falta es el apoyo económico, los bienes están abocados, incluso, a su desaparición. No se trata únicamente de procurar inversiones, sino que se trata, sobre todo, de asegurar la financiación continua que permita la perdurabilidad de los bienes protegidos y que en algunos casos ya están expuestos. La conservación debe y tiene que ser constante, puesto que su exposición a, entre otros muchos agentes, las inclemencias metereológicas y a la contaminación atmosférica, al no estar, en muchísimos casos, bajo ningún tipo de protección, los deteriora y destruye de manera implacable y sistemática.
No debemos dejar de lado, ni por asomo, el apoyo científico. No se puede trabajar en los espacios arqueológicos si los que están a su frente no son garantes de la verdadera significación de los espacios y sino no cuentan con apoyo arqueológico de otras instituciones. La metodología arqueológica, el estudio constante y honesto de los espacios arqueológicos, garantiza la personalidad de cada uno de los sitios, huyendo de tópicos y, en algunos casos, de leyendas y/o falsedades instaladas en el subconsciente popular que banalizan los yacimientos y que les confieren una imagen pueril que los aleja completamente de su realidad. Es el trabajo científico lo que diferencia los sitios, el que los hace únicos y el que les confiere personalidad y singularidad.
Y por último y no por ello menos importante, se debe contar desde el principio con el apoyo social. La difusión de los bienes culturales es necesaria para que la sociedad que vive junto a ellos se enorgullezca de los mismos, los cuide, los valore y los hagan suyos. Sin su apoyo, el bien se verá abocado a su expolio y a su destrucción.
Que el patrimonio arqueológico, cuando éste ofrece unas características incuestionables de calidad arqueológica e histórica, es o puede ser una alternativa al desarrollo rural, sobre todo de algunas comarcas, es una realidad. Así lo podemos comprobar en algunas zonas, como, por poner solo dos ejemplos, en Galera, en Granada, en donde se exponen dos magníficos yacimientos de la categoría del Poblado argárico de Castellón Alto y la Necrópolis ibérica de Tútugi; o en Almedinilla, Córdoba, en donde se trabaja y se vive junto a dos joyas arqueológicas como son la Villa romana de El Ruedo y el Poblado ibérico del Cerro de la Cruz. En posteriores posts se podrán analizar con más profundidad éstos y otros ejemplos de los que abundan por la geografía andaluza y su grado de implicación, en términos reales, con el entorno en el que se inscriben.
La entrada en la vida de una comarca de un espacio arqueológico otorga al territorio en el que se inscribe una “cultura patrimonial” que le imprime un carácter específico al entenderse, por parte de sus habitantes, que esos yacimientos pueden ser un acicate no solo cultural, sino también laboral y económico. Los yacimientos arqueológicos generan puestos de trabajo directos, pero de ellos pueden beneficiarse continua o puntualmente muchos otros indirectos. La gestión de los mismos, sea pública o privada, puede impulsar una zona degradada, puede complementar la actividad económica de otras zonas o puede abundar en el rosario monumental de las más privilegiadas.
Son muchos los espacios arqueológicos, no solo de Andalucía, sino también del resto de España, en los que se han paralizado las inversiones, en los que se han reducido las partidas presupuestarias indispensables para su conservación, protección, mantenimiento y difusión, y que han tenido que cerrar sus puertas tanto al público como a su presente. Evidentemente la crisis ha puesto de manifiesto, aún más, lo frágil que es la cultura y lo fácil que es aniquilarla. Si ya de por sí es triste observar como languidece el patrimonio de las grandes ciudades, aún mucho más lamentable es percatarse de cómo se desvanecen las esperanzas de comarcas enteras a las que se les ha convencido, tras mucho esfuerzo y dinero, de que sus valores patrimoniales son una puerta abierta a su futuro.
El patrimonio arqueológico es junto al resto del patrimonio histórico, artístico, monumental y natural de Andalucía, excelente. Comprometerse con él, abre expectativas de desarrollo, laborales, económicas y culturales.
No se puede desaprovechar la suerte y responsabilidad que tiene esta gran región con su pasado. Hacerlo es una enorme irresponsabilidad que la historia sabrá juzgar, porque ella jamás olvida.
Mª del Camino Fuertes Santos
Coordinadora de la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA), en Córdoba
El primer puntal, el apoyo institucional, existe puesto que la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, recoge de manera clara y concisa las normas que se consideran necesarias para la protección, conservación y puesta en valor de los bienes culturales, sean éstos del tipo que sean. Pero los bienes culturales en Andalucía son innumerables -de hecho, existen más de 17.000 BIC declarados, así como otros muchos bienes que no lo están-, y, muchos de ellos, ya sean BIC o no, están desvirtuados, abandonados, desprotegidos y, lo que es peor, en muchos casos destruidos. La realidad se impone y diariamente la prensa pone el dedo en llaga: edificios catalogados que se declaran en ruina y que deben ser demolidos mediante actuaciones de emergencia; castillos y murallas que se desploman; villas romanas que se las tragan los ríos que se salen de los cauces debido a desastres naturales y no tan naturales; expolios continuados sobre zonas arqueológicas cuyo ámbito protegido es tan amplio que se hace inviable la vigilancia exhaustiva –si bien, todo hay que reconocerlo, las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado contra los furtivos son ejemplares-, etc.
Si institucionalmente se tienen las cosas tan claras, la pregunta qué hay que hacerse a continuación es la siguiente: ¿qué está fallando? Y sobre todo ¿por qué ahora se están agudizando todos los problemas? Pues bien, simple y llanamente porque se tambalean o se han caído los otros puntales.
En el caso de que no exista un claro apoyo político al patrimonio arqueológico, resulta casi inviable garantizar su protección y su conservación. Asimismo, es poco más o menos que imposible poner en marcha iniciativas, inversiones o financiación que permita no solo poder llevar a cabo las obras necesarias de excavación, conservación, restauración, urbanización y difusión de los yacimientos, sino que garantice su mantenimiento y la continuidad de los trabajos y de los estudios, cuando las urnas decidan los cambios que la ciudadanía estime convenientes.
Si por otro lado lo que falta es el apoyo económico, los bienes están abocados, incluso, a su desaparición. No se trata únicamente de procurar inversiones, sino que se trata, sobre todo, de asegurar la financiación continua que permita la perdurabilidad de los bienes protegidos y que en algunos casos ya están expuestos. La conservación debe y tiene que ser constante, puesto que su exposición a, entre otros muchos agentes, las inclemencias metereológicas y a la contaminación atmosférica, al no estar, en muchísimos casos, bajo ningún tipo de protección, los deteriora y destruye de manera implacable y sistemática.
No debemos dejar de lado, ni por asomo, el apoyo científico. No se puede trabajar en los espacios arqueológicos si los que están a su frente no son garantes de la verdadera significación de los espacios y sino no cuentan con apoyo arqueológico de otras instituciones. La metodología arqueológica, el estudio constante y honesto de los espacios arqueológicos, garantiza la personalidad de cada uno de los sitios, huyendo de tópicos y, en algunos casos, de leyendas y/o falsedades instaladas en el subconsciente popular que banalizan los yacimientos y que les confieren una imagen pueril que los aleja completamente de su realidad. Es el trabajo científico lo que diferencia los sitios, el que los hace únicos y el que les confiere personalidad y singularidad.
Y por último y no por ello menos importante, se debe contar desde el principio con el apoyo social. La difusión de los bienes culturales es necesaria para que la sociedad que vive junto a ellos se enorgullezca de los mismos, los cuide, los valore y los hagan suyos. Sin su apoyo, el bien se verá abocado a su expolio y a su destrucción.
Que el patrimonio arqueológico, cuando éste ofrece unas características incuestionables de calidad arqueológica e histórica, es o puede ser una alternativa al desarrollo rural, sobre todo de algunas comarcas, es una realidad. Así lo podemos comprobar en algunas zonas, como, por poner solo dos ejemplos, en Galera, en Granada, en donde se exponen dos magníficos yacimientos de la categoría del Poblado argárico de Castellón Alto y la Necrópolis ibérica de Tútugi; o en Almedinilla, Córdoba, en donde se trabaja y se vive junto a dos joyas arqueológicas como son la Villa romana de El Ruedo y el Poblado ibérico del Cerro de la Cruz. En posteriores posts se podrán analizar con más profundidad éstos y otros ejemplos de los que abundan por la geografía andaluza y su grado de implicación, en términos reales, con el entorno en el que se inscriben.
La entrada en la vida de una comarca de un espacio arqueológico otorga al territorio en el que se inscribe una “cultura patrimonial” que le imprime un carácter específico al entenderse, por parte de sus habitantes, que esos yacimientos pueden ser un acicate no solo cultural, sino también laboral y económico. Los yacimientos arqueológicos generan puestos de trabajo directos, pero de ellos pueden beneficiarse continua o puntualmente muchos otros indirectos. La gestión de los mismos, sea pública o privada, puede impulsar una zona degradada, puede complementar la actividad económica de otras zonas o puede abundar en el rosario monumental de las más privilegiadas.
Son muchos los espacios arqueológicos, no solo de Andalucía, sino también del resto de España, en los que se han paralizado las inversiones, en los que se han reducido las partidas presupuestarias indispensables para su conservación, protección, mantenimiento y difusión, y que han tenido que cerrar sus puertas tanto al público como a su presente. Evidentemente la crisis ha puesto de manifiesto, aún más, lo frágil que es la cultura y lo fácil que es aniquilarla. Si ya de por sí es triste observar como languidece el patrimonio de las grandes ciudades, aún mucho más lamentable es percatarse de cómo se desvanecen las esperanzas de comarcas enteras a las que se les ha convencido, tras mucho esfuerzo y dinero, de que sus valores patrimoniales son una puerta abierta a su futuro.
El patrimonio arqueológico es junto al resto del patrimonio histórico, artístico, monumental y natural de Andalucía, excelente. Comprometerse con él, abre expectativas de desarrollo, laborales, económicas y culturales.
No se puede desaprovechar la suerte y responsabilidad que tiene esta gran región con su pasado. Hacerlo es una enorme irresponsabilidad que la historia sabrá juzgar, porque ella jamás olvida.
Mª del Camino Fuertes Santos
Coordinadora de la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA), en Córdoba
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