La destrucción del patrimonio de la Costa da Morte sale barata (Galicia)

La destrucción del patrimonio de la Costa da Morte sale barata (Galicia)

Los expertos critican la falta de conciencia y de diligencia administrativa

Las agresiones al patrimonio arqueológico, histórico y etnográfico de la Costa da Morte salen en buena parte de los casos prácticamente gratis a quienes, de manera voluntaria o por simple negligencia, dañan unos bienes que protege la ley estatal de 1985 y la autonómica de 1996. Así lo constatan algunos casos ocurridos en la comarca en los últimos años, los especialistas universitarios estudiosos de la materia y fuentes policiales, relacionadas con estos asuntos.

Destacan que los procedimientos sancionadores por vía administrativa son lentos hasta la desesperación, más cuando acaban judicializados, y que la capacidad de acción policial dista mucho de las necesidades de protección. Además, ponen el acento en una creciente relajación de la conciencia social al respecto, que está posibilitando agresiones que parecían olvidadas.

Así el presidente del Seminario de Estudos da Costa da Morte, Xosé María Lema, califica de «paripé» lo que se hace muchas veces con los expedientes administrativos y se pregunta «onde está Patrimonio da Xunta» para hacer frente a estas situaciones y para poner en valor bienes a los que la declaración de interés cultural en muchos casos no les sirve de nada. A su juicio existe una «desidia» generalizada y pone el ejemplo de los Batáns do Mosquetín, donde lo que se consiguió fue prácticamente «en contra das Administracións» o los Penedos de Pasarela y el Parque do Megalitismo, pendientes de actuación desde hace años. «O curioso é que nas súas guías recoméndanos cando nin se pode entrar neles», concluye.

En la misma línea, el arqueólogo Tito Concheiro, que lleva 27 años trabajando y en muchos yacimientos de la zona, dice que «estamos viviendo un verano negro y la sociedad ha levantado el pie del acelerador hasta el punto de que volvemos a ver cruceiros reparados con cemento, algo que no se hacía ya desde hace 25 años».

A su juicio el principal problema no es el de los expedientes sancionadores, en los que cada caso es particular y muchas veces sí se llevan a cabo aunque sean muy lentos sino la «epidemia de destrucción» que permite hablar de un «annus horribilis» que, de lo que no es solo una percepción suya, ni un caso exclusivo de la Costa da Morte sino de «toda Galicia» ya que lo comentan los profesionales en los foros en los que se reúnen, en los que existe «verdadeira preocupación». De ahí que considera necesario «volver a las campañas de concienciación» porque se están afectando muchos «yacimientos potentes por no hablar ya de arquitectura popular: hórreos, cruceiros,...».

El también arqueólogo y museólogo Felipe Senén, con una dilata trayectoria en comarca es mucho más expeditivo. «Non hai máis que coller o artigo 46 da Constitución, que di que os poderes públicos deben garantir a protección do patrimonio artístico, cultural... Os concellos, que son o poder máis inmediato teñen que velar por iso, porque falta un labor fundamental de inspección e os veciños non poden ser gardas civís. Hai concellerías, consellerías, academias, Consello da Cultura Galega,... que o que teñen que facer é poñer os pés no chan e facer políticas en relación a isto, porque o que veñen a buscar os turistas é o noso patrimonio e só lles ensinamos barbaridades», afirma con rotundidad.

El experto, al margen de atentados recientes y flagrantes, cita un sinfín de ejemplos de degradación y aprovechamiento deficiente por falta de conciencia sobre el valor de la cultura, como la situación del Cabo Fisterra, de las Torres y los Batáns, la destrucción del entorno de los Baños en Carballo o el tratamiento a la obra de Lugrís en Malpica.

Por el lado policial, las competencias le corresponden al Seprona de la Guardia Civil, pero fuentes del cuerpo señalan que, salvo casos contados de iniciativa propia (por ejemplo el cañón de Corme recuperado en el 2011), actúan fundamentalmente a base de denuncias, porque los medios disponibles son irrisorios frente a la magnitud del territorio y de los bienes a proteger.