La Junta paraliza todas las nuevas solicitudes de excavaciones arqueológicas (Andalucía)

La Junta paraliza todas las nuevas solicitudes de excavaciones arqueológicas (Andalucía)

Los arqueológos denuncian que una orden interna de la Junta afecta a cientos de obras privadas y públicas en toda Andalucía

El decano del Colegio de Arqueólogos de Sevilla y Huelva, Marcos Hunt, ha puesto el grito en el cielo al conocer la orden interna de la Dirección General de Bienes Culturas de la Consejería de Cultura de no autorizar nuevas intervenciones arqueológicas desde hace un mes por la falta de inspectores arqueólogos funcionarios, «lo que –dice– en la práctica se traduce en la paralización de cientos de obras». El delegado provincial de la Consejería de Cultura, Francisco Díaz Morillo, comunicó esa orden interna la pasada semana a los miembros de la Comisión Provincial de Patrimonio y explicó que existe un informe jurídico sobre la presunta ilegalidad de que los inspectores arqueólogos laborales puedan estar realizando labores de funcionarios, según ha podido saber ABC. La Consejería de Cultura no quiso comentar ayer nada al respecto.

El problema es que, según Marcos Hunt, salvo en Málaga y Granada, en el resto de provincias no hay en las delegaciones de Cultura arqueólogos inspectores funcionarios. «En Sevilla hay tres inspectores arqueólogos y son laborales. Por lo tanto, la orden interna de la Consejería supone la paralización de todas las obras con cautelas arqueológicas, en las que es obligatorio tener aprobado un proyecto de intervención arqueológica y nombrado un inspector arqueólogo de la Junta», señala el decano, quien no descarta pedir auxilio al Defensor del Pueblo Andaluz.

Según Jacobo Vázquez, presidente de la sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias, Letras y Filosofía, además de miembro de la Comisión de Patrimonio, la orden interna de la Consejería de Cultura ha paralizado desde hace un mes el cien por cien de las resoluciones y tramitación de actividades arqueológicas en toda Andalucía, lo que supone un freno total a los arqueólogos profesionales, los promotores privados, las administraciones, los inversores...».

Entre los afectados, como dice Vázquez, no sólo hay promotores privados, sino también administraciones, entre ellas la propia Junta de Andalucía, que ha licitado proyectos de intervención arqueológica en bienes de su propiedad, o la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla, que espera autorización de Cultura para el proyecto de intervención arqueológica previo a la reforma de la Fábrica de Artillería.

Florentino Pozo, el arqueólogo contratado por Urbanismo para llevar a cabo este proyecto de actuación arqueológica, declaró a ABC que «cuando llamé a Cultura para saber cómo iban los trámites administrativos me han dicho que hay instrucciones de la Dirección General de Bienes Culturales instando a que no autorice ninguna actividad arqueológica hasta que no se nombre un inspector arqueólogo funcionario. El problema es que en la delegación de Sevilla no hay ninguno». A juicio de Pozo, «desde la transferencia de estas competencias a las autonomías, hace más de treinta años, han sido inspectores arqueólogos laborales los que han realizado esa labor y nadie lo ha cuestionado hasta ahora».