Las piedras indefensas

La redada contra el expolio evidencia la falta de protección a yacimientos

La mitad de los juzgados de la provincia aún hacen inventario de las piezas arqueológicas intervenidas en la redada del pasado miércoles, tras practicar cuarenta detenciones y 35 registros en Jaén y medio centenar en España en la mayor operación que se recuerda contra el expolio. Se habla de miles de piezas recuperadas. Algunas de ellas, fundamentalmente monedas, muy valiosas. Una operación que pone sobre el tapete la desprotección del patrimonio arqueológico de la provincia, incluso en espacios de fama internacional y que supuestamente gozan de protección como Cástulo. En la provincia de Jaén hay catalogados 2.400 puntos de interés arqueológico. Seis son de titularidad autonómica, Sólo Cástulo tiene guardia. Y aún así es expoliado.
El asunto se debatió en el Parlamento andaluz el pasado mes de junio, justo cuando la Policía y la guardia Civil iniciaron la investigación que ha dado lugar a la operación de esta semana. El PP de Jaén presentó una moción para pedir más protección para Cástulo, denunciando la desaparición de parte del vallado y la reducción de las horas en las que hay vigilancia. Se habló en San Telmo de una situación de «saqueo». No sólo en el yacimiento, sino también en zonas adyacentes, tras los movimientos de tierra de las obras del AVE. Meses antes, en noviembre, un juzgado de Linares ya había abierto diligencias por daños en un mosaico.
El 2 de marzo pasado, durante una visita a Cástulo, la delegada de Cultura en Jaén, Mercedes Valenzuela, aseguró que se estaban estudiando medidas para evitar los continuos expolios, y explicó que se trabajaba en colaboración con el Ayuntamiento de Linares. «De momento nos queda otra que denunciarlos y confiar en la Justicia», dijo ese día la delegada.

Daños en toda la provincia

Cástulo cuenta con vigilancia desde mediados de agosto de 2008, aunque la medida no acabó con los saqueos. Eso en el único yacimiento con protección real (una valla y un guarda). En el resto de la provincia, el panorama es más negro. Ese mismo año hubo serios daños en enclaves de Linares-Baeza, en el Giribaile y en otros puntos de la provincia. Desde entonces las denuncias no han cesado.
Ese año hubo cambios también en la normativa. Se determinaba que «la aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería». La ley también indica que «la persona que descubra y la propietaria del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto o los restos materiales tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya».
La normativa intenta ponerles las cosas difíciles a los «piteros»: «El uso de detectores de metales u otras herramientas o técnicas que permitan localizar restos arqueológicos, aun sin ser ésta su finalidad, deberá ser autorizado por la Consejería». No hay premio para lo que se encuentre con un detector. Y la autorización «se otorgará con carácter personal e intransferible, debiendo indicarse el ámbito territorial y la fecha o plazo para su ejercicio».