¡Qué ruina de monumento! (Murcia)

La normativa permite la expropiación de los bienes mal conservados, pero la medida todavía no se ha aplicado. La ley de Patrimonio Cultural, que cumple tres años, no frena el deterioro de varios de los conjuntos históricos más relevantes

La rueda de La Ñora se cae a pedazos de puro abandono. Cuando hace un mes se denunció su deterioro, la Junta de Hacendados, la Consejería de Cultura y la Junta Vecinal de la pedanía miraron hacia otro lado. ¿Quién debía acometer la restauración?
Lo primero que hicieron entonces las tres instituciones fue pasarse la pelota, aunque la ley de Patrimonio Cultural no deja dudas. El responsable de conservar y llevar a cabo la rehabilitación de un monumento como éste es su propietario. Y si el dueño no cumple sus obligaciones y el Ayuntamiento también se desentiende, la Consejería puede realizar por su cuenta los trabajos de recuperación. Entonces, ¿cumplieron esas tres entidades con su deber? La respuesta está a la vista de todo aquel que se acerque a La Ñora.
Esta noria medieval no es un caso aislado de desidia con el patrimonio histórico. La citada norma regional, que ahora cumple tres años, parece quedarse en papel mojado cuando se repasa el estado de deterioro que sufren otros monumentos de primer orden. Es el caso del recinto arqueológico de Monteagudo, donde se localizan tres castillos y un palacio árabe. Su protección como sitio histórico no le ha servido para que la ruina avance a paso de gigante. O el 'martirium' de La Alberca, un templo del siglo V, cerrado a cal y canto y 'devorado' por la maleza. Tampoco ha corrido mejor suerte la basílica paleocristiana de Algezares, asediada por los escombros; o la torre islámica del molino del Batán, en Zarandona, prácticamente desaparecida. Los ejemplos se extienden por la geografía regional. Así la declaración como bien de interés (BIC) de los cotos mineros de Mazarrón no ha servido para frenar su expolio. Y la destrucción campa a sus anchas por el monasterio de San Ginés de la Jara.
La Consejería defiende por su parte que la ley regional «ha servido para conservar mejor el patrimonio cultural». Y argumenta que además de la declaración de bien de interés, la norma recoge otras dos figuras de protección (bienes catalogados por su relevancia cultural y bienes inventariados) «lo que flexibiliza las posibilidades de intervención».
Pese a que la normativa regional permite la expropiación en el caso de que un bien cultural corra peligro debido a su deterioro, esta medida todavía no se ha aplicado. Cultura considera que antes deben agotarse otras posibilidades, porque esos procesos «son largos y pueden resultar letales para la preservación del bien en cuestión». Por el contrario, la Consejería dice mostrarse partidaria de «colaborar con particulares, empresas y ayuntamientos en las políticas de protección y restauración. Y cuando esa vía no funciona, se intenta llegar a acuerdos de compra, como ha ocurrido con el convento de San Francisco de Mula».
Pero en opinión de José Antonio Moreno, presidente de la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (Huermur), las administraciones precisamente no predican con el ejemplo «Tienen en propiedad edificios declarados BIC que se encuentran en un estado de grave deterioro». Además, aparentan una falta de colaboración mutua, como ocurre en el caso del recinto de Monteagudo.
Moreno cree que «la ley es eficaz; otra cosa es que se cumpla». Y se lamenta del abandono y la destrucción de numerosos monumentos y elementos históricos «con total indiferencia» de las autoridades. Cita el caso del escudo que campeaba en la fachada del molino de Aljucer. Pese a ser un emblema protegido como BIC, la pala lo derribó hace dos años, con motivo de unas obras de la Junta de Hacendados, por las que su presidente tendrá que responder ante la Justicia. Hubo que buscar los trozos del escudo entre los escombros. Ahora se ha restaurado, pero no por ello los problemas han acabado. Surge la duda de dónde colocarlo. Los vecinos no quieren un lugar cualquiera; desean que vuelva a su emplazamiento original, pero para ello habría que reconstruir el molino.
Los restos de San Esteban
Con todo, la ley regional ha supuesto avances, contribuyendo a una mayor sensibilización. El más destacado es que permite a cualquier ciudadano solicitar la apertura de un expediente para la declaración de bien de interés cultural. El caso más reciente y sonado fue el del barrio árabe hallado bajo el jardín de San Esteban, con motivo de la construcción de un aparcamiento subterráneo, y que finalmente no se realizará.
Pero Moreno ve un doble rasero de la Consejería, y pone un ejemplo: Si para el poblado islámico de Villa Vieja, en Calasparra, el expediente BIC se abrió de oficio, en San Esteban los ciudadanos tuvieron que acudir a los tribunales y hasta a la Guardia Civil. «La diferencia es que el primero estaba situado en el campo, en donde no había ningún proyecto urbanístico, y el otro tropezaba con grandes intereses para la construcción de un aparcamiento», señala Huermur.
Francisco Marín Hernández, director de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, destaca la novedad que supone la ley de 2007 de proteger también «el patrimonio inmaterial y etnográfico», y considera que no puede relacionarse dicha normativa con el deterioro que sufren algunos monumentos de la Región.
Marín cree que ese abandono tiene más que ver con la situación de crisis económica. Y se plantea si los ciudadanos no se sublevarían «si las autoridades nos dijeran ahora, con lo que ya tenemos encima, que debemos pagar más impuestos con el fin de acometer más proyectos de restauración». El director de la Academia, que actúa como órgano consultivo de la Consejería de Cultura, cree que el presupuesto para rehabilitación del patrimonio histórico «se mantiene en unos niveles de subsistencia para conservar lo esencial».
Frente al deterioro que, por ejemplo, sufre el recinto árabe de Monteagudo, Marín Hernández cita el caso del castillo del Portazgo, que se desmontó pieza a pieza para trasladarlo a otra ubicación y permitir así la ampliación de la autovía en el puerto de la Cadena. «No perdemos un bien cultural y se consigue mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos», reflexiona.
Puede que éste sea el tema de fondo en el debate sobre la conservación del patrimonio histórico: ¿Choca el modelo de desarrollo impulsado en los últimos años con la protección de los vestigios artísticos y culturales? ¿Es posible compaginar ambos intereses?
En Lorca, ha levantado polémica la construcción de un parador de turismo en el castillo. Y en Murcia han pedido que se proteja la red de acequias, para impedir su entubamiento, como primer pasado para conservar el paisaje huertano. Otros peligros acechan. Huermur avisa de que un nuevo vial amenaza la rueda de La Ñora, tan deteriorada que ya ni siquiera puede elevar el agua.

LO QUE DICE LA LEY

Artículo 1. Cuando los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia se encuentren en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la dirección general competente en materia de patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas oportunas conducentes a su protección, conservación, estudio, documentación científica y a su recogida por cualquier medio que garantice su protección.Artículo 8. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes culturales deberán conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro.
Artículo 9. La Administración pública podrá ordenar [...] la adopción de medidas de depósito, restauración, rehabilitación, demolición y otras que resulten necesarias para garantizar su conservación e identidad.
Artículo 10. La incorporación de cualquier bien y el incumplimiento de los deberes [...] se considerarán causa de utilidad pública o interés social para su expropiación.
Artículo 13. Los bienes de interés cultural serán declarados por decreto del Consejo de la Comunidad Autónoma a propuesta de la consejería [...] La iniciación de dicho proceso tendrá lugar de oficio, aunque podrá ser promovida por cualquier persona física o jurídica.