La arqueología, ¿asunto de Estado?

Artículo de Opinión por SEBASTIEN PERROT-MINNOT

Los últimos años vieron surgir, en el mundo, acaloradas controversias sobre la ''privatización'' de la arqueología y el patrimonio, es decir, su gestión por entidades privadas. El asunto permanece candente en varios países de América Latina, especialmente en México.

Tradicionalmente, las legislaciones latinoamericanas han puesto la arqueología bajo la estricta autoridad del Estado central. Pero existe, en el planeta, una gran variedad de marcos jurídicos: la ''ciencia de los vestigios del pasado'' puede depender también de instituciones locales (como en Japón, Hungría o Alemania), y en ciertos casos (por ejemplo en el Reino Unido, en España, en Italia y en Estados Unidos), las empresas privadas juegan un papel notable.

Al nivel de los organismos internacionales (gubernamentales y no-gubernamentales), la importante responsabilidad de los Estados es generalmente subrayada. La ''Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico'', adoptada en 1990 por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), afirma que la protección de este patrimonio constituye una ''responsabilidad colectiva'' que supone una legislación adecuada y fondos. En el 2003, la Declaración de la UNESCO sobre la destrucción intencional del patrimonio cultural recordó la responsabilidad de los Estados para evitar tal destrucción. Varios argumentos objetivos llevan a pensar que es preferible que la arqueología y el patrimonio estén bajo el control de instituciones especializadas de los Estados.

En primer lugar, cabe señalar que desde hace dos siglos, la arqueología desempeña, indirectamente, un papel político, al participar en la construcción de las identidades nacionales. ¿Qué es la nación? El filósofo e historiador francés Ernest Renan (1823-1892) la definía como ''una gran solidaridad, construida por el sentimiento de los sacrificios que se hicieron y de los que todavía estamos dispuestos a hacer. Supone un pasado, y se resume en un hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida común''. La comprensión del pasado común de la Nación depende, en gran parte, de la arqueología.

El patrimonio fortalece los lazos entre los miembros de la Nación, pero a la vez, trae beneficios y embellece a toda la humanidad. Para citar nuevamente a Renan, ''todas las naciones aportan una nota a este gran concierto de la humanidad''. Este ''concierto'' es facilitado en la actualidad por la ONU y sus dependencias, integradas por los Estados soberanos.

Finalmente, una arqueología dependiendo exclusivamente de empresas privadas puede afectar los resultados científicos. En la introducción de una publicación sobre ''Veinte años de arqueología preventiva en el mundo'', el profesor Jean-Paul Demoule explica que en varios países, 'una arqueología `comercial' se excluyó poco a poco del sistema nacional de investigación y sus resultados permanecen en mayor parte inéditos o perdidos''. Podemos agregar que las instituciones del gobierno pueden ayudar a homogeneizar las normas de la investigación, centralizar los datos y garantizar el acceso al patrimonio y su conocimiento a un mayor número de personas.

Por lo tanto, el control del Estado --que puede efectuarse según diversas modalidades-- es fuertemente recomendable, aunque esto no debe descartar la participación responsable de entidades privadas. Como lo dice la divisa de varios países del mundo: ``La unión hace la fuerza''.

Arqueólogo de la Universidad de la Sorbona (París)

perrotminnot@yahoo.fr