El Gobierno de Canarias estudia ceder a los Cabildos la gestión de los permisos sobre arqueología

El Gobierno canario ha propuesto modificar el artículo 48 de la actual Ley de Patrimonio Histórico de Canarias con el fin de ceder a los Cabildos la gestión de los permisos sobre arqueología, así como la de establecer medidas propiciatorias para los propietarios de los edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y flexibilizar su régimen sancionador.

Estas modificaciones cuentan, al parecer, con el acuerdo de todos los representantes en materia de Patrimonio Histórico de los Cabildos insulares. La viceconsejera de Cultura del Ejecutivo autonómico, Dulce Pérez López, el director general de Patrimonio Histórico, Moisés Plasencia, así como los representantes de cada uno de los Cabildos insulares en materia de Patrimonio Histórico mantuvieron ayer una reunión, que fue calificada por Pérez como «muy positiva», ya que todas las partes se mostraron de acuerdo en la necesidad de reformar algunos puntos de la actual Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (Ley 4/9/99).

Dificultades y carencias

La propuesta partió el pasado 3 de noviembre del Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias, que constató que, tras de cinco años de aplicación, la ley cuenta con una serie de carencias que dificultan su aplicación y retrasa la protección del patrimonio.

El Consejo analizó, especialmente, los artículos sobre regularización de la protección de los Conjuntos Históricos, la regularización de la tramitación de los expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural, los plazos para la elaboración de los planes especiales de protección y el régimen sancionador de la Ley.

También se decidió crear una comisión formada por los siete Cabildos, las cinco ponencias técnicas de Patrimonio Histórico, las entidades consultivas en la materia y el Colegio de Arquitectos, que estudiará, en enero, una primera redacción de borrador de la nueva Ley. El borrador será preparado por un comité técnico formado por cuatro abogados, tres técnicos de los Cabildos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, uno de los cuales asumirá su coordinación, y un técnico del Gobierno de Canarias.