El fiscal jefe del TSJA pide nuevas leyes que defiendan el patrimonio arqueológico
19/11/04 .- ABC/Sevilla
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, abogó ayer por una mayor protección legal del patrimonio arqueológico, que es el que sufre más expolios pese a que la «economía de la cultura» es el principal factor de desarrollo de las ciudades históricas.
En una conferencia pronunciada ayer en el Foro Gaesco de la patronal de la construcción, García Calderón afirmó que «la economía de la cultura es un factor de desarrollo de formidables dimensiones» para las ciudades históricas, frente a una antigua concepción según la cual «la protección de la arqueología urbana era un elemento entorpecedor del desarrollo económico y urbanístico».
Según el fiscal jefe andaluz, las agresiones al patrimonio arqueológico constituyen «la mayor y más variada actividad delictiva, sin que pese a ello cuente con una tipología propia y una respuesta suficiente en la legislación penal».
Por ello, abogó por llevar a cabo reformas legales y «una permanente reflexión de la sociedad andaluza» para buscar soluciones legales que permitan el desarrollo de muchas ciudades de la comunidad a través de la protección de su patrimonio histórico.
García Calderón recordó que el Código Penal de 1995 incluyó por primera vez un capítulo específico referido a los delitos contra el patrimonio histórico, pero «casi diez años después de su entrada en vigor, es preciso analizar las numerosas carencias que ha evidenciado la legislación española en esta materia».
Dentro del patrimonio histórico, los bienes arqueológicos son los más vulnerables por su carácter de patrimonio oculto y su extraordinario valor material, dijo el fiscal jefe, quien añadió que los expolios en yacimientos, el tráfico ilícito de piezas, la parcelación ilegal y los daños generados por la construcción «han sido realidades que han producido graves agresiones al patrimonio de Andalucía y que deben ser sancionadas en el futuro».
Reconoció, no obstante, que el patrimonio arqueológico es «un bien jurídico extraordinariamente amplio que engloba la propiedad individual, la propiedad colectiva y el interés social e incluso el entorno natural o urbanístico donde se encuentran los yacimientos».
En una conferencia pronunciada ayer en el Foro Gaesco de la patronal de la construcción, García Calderón afirmó que «la economía de la cultura es un factor de desarrollo de formidables dimensiones» para las ciudades históricas, frente a una antigua concepción según la cual «la protección de la arqueología urbana era un elemento entorpecedor del desarrollo económico y urbanístico».
Según el fiscal jefe andaluz, las agresiones al patrimonio arqueológico constituyen «la mayor y más variada actividad delictiva, sin que pese a ello cuente con una tipología propia y una respuesta suficiente en la legislación penal».
Por ello, abogó por llevar a cabo reformas legales y «una permanente reflexión de la sociedad andaluza» para buscar soluciones legales que permitan el desarrollo de muchas ciudades de la comunidad a través de la protección de su patrimonio histórico.
García Calderón recordó que el Código Penal de 1995 incluyó por primera vez un capítulo específico referido a los delitos contra el patrimonio histórico, pero «casi diez años después de su entrada en vigor, es preciso analizar las numerosas carencias que ha evidenciado la legislación española en esta materia».
Dentro del patrimonio histórico, los bienes arqueológicos son los más vulnerables por su carácter de patrimonio oculto y su extraordinario valor material, dijo el fiscal jefe, quien añadió que los expolios en yacimientos, el tráfico ilícito de piezas, la parcelación ilegal y los daños generados por la construcción «han sido realidades que han producido graves agresiones al patrimonio de Andalucía y que deben ser sancionadas en el futuro».
Reconoció, no obstante, que el patrimonio arqueológico es «un bien jurídico extraordinariamente amplio que engloba la propiedad individual, la propiedad colectiva y el interés social e incluso el entorno natural o urbanístico donde se encuentran los yacimientos».
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