La Junta sigue sin sancionar al dueño del castillo de Galve (Guadalajara)
25/6/14 .- http://www.vocerodelaserrania.com/
La Junta sigue sin sancionar al dueño del castillo de Galve (Guadalajara)
El delegado provincial se comprometió en febrero a abrir un expediente por los reiterados incumplimientos en la conservación del monumento
En un informe enviado a la Defensora del Pueblo, la Junta asegura que trabaja “en diversas actuaciones para retomar” el proyecto que el propio dueño abandonó en enero de 2013
La Defensora del Pueblo envió el pasado 24 de junio un escrito a la Asociación Castillo de Galve para informarle de la respuesta dada por la Junta de Castilla-La Mancha sobre la situación de este monumento, tras la presentación de una queja formal por parte de la asociación galvita en diciembre de 2013. La Defensora del Pueblo, que ya envió un escrito previo hace un mes quejándose de la tardanza del Gobierno regional en redactar su informe, asegura que la Junta trabaja actualmente en “diversas actuaciones para retomar un proyecto de intervención por parte de la propiedad”.
La Asociación Castillo de Galve desconoce cuáles son estas actuaciones, teniendo en cuenta que, tal como admite la Junta, el propietario del inmueble no contesta a los requerimientos de la Administración desde enero de 2013. La entidad subraya que no era este el compromiso adquirido en febrero pasado por José Luis Condado, delegado provincial de la Junta, quien anunció la incoación de un expediente sancionador al dueño del castillo en un plazo máximo de seis meses. El plazo está a punto de rebasarse, el expediente sigue sin abrirse y, además, ahora la Junta comunica a la Defensora del Pueblo que sigue esperando a que el dueño ejecuta el proyecto que la propia Administración lleva dos años exigiéndole, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta.
El escrito de la Defensora del Pueblo asegura que, según ha trasladado la Junta, “en caso de que la situación de falta de cumplimiento de sus deberes de conservación persista, se procederá a tomar alguna de las medidas que se contemplan en los artículos 23, 73 y siguientes” de la actual ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. “Todos estos artículos facultan a la Consejería de Cultura a tomar medidas de castigo contra el dueño, pero su redacción es ambigua. Se supone que la Junta, por boca del delegado, ya había adoptado una posición firme”, asegura Raúl Conde, presidente de la Asociación Castillo de Galve.
“Consideramos que esta contestación de la Junta a la Defensora es una nueva tomadura de pelo. No se avanza nada y se vuelve a recuperar la idea de negociar con el dueño, cuando está comprobado que es un camino que no supone más que una pérdida de tiempo y de esfuerzos”, advierte Conde.
La asociación de Galve, tras mantener contactos con la Delegación provincial de Guadalajara en las últimas semanas, ha constatado que la documentación del expediente está “paralizada” en la Consejería de Cultura, con sede en Toledo. “Hasta que la consejería no lo desbloquee no habrá expediente, lo que supone un incumplimiento flagrante del compromiso que Condado adquirió en público en febrero, en una rueda de prensa ofrecida minutos antes de no querer recibir a los miembros de esta asociación”, añaden desde la asociación.
El escrito de la Defensora del Pueblo, firmado por Concepció Ferrer i Casals, Adjunta Segunda de la institución, hace un relato de la evolución del caso del castillo de Galve en los despachos de la Administración regional. Desde la primera inspección técnica realizada en 2006 y la presentación del proyecto de consolidación del castillo que presentó el dueño en septiembre de 2007 hasta el punto actual de bloqueo en el que se encuentra el edificio, cada vez más deteriorado.
En febrero de 2008, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico exigió al dueño que completara el proyecto con un estudio arqueológico y de paramentos, una tarea que el propietario “nunca llegó a finalizar”, tal como recalca la Defensora del Pueblo. Entre 2009 y 2011, la Dirección General de Patrimonio optó por incoar un expediente de sanción que nunca llegó a iniciarse. Después del cambio de gobierno en mayo de 2011, el actual Gobierno regional volvió a ponerse en contacto con el dueño del edificio, aunque con nulos resultados.
El informe enviado por la Junta a la Defensora del Pueblo se produce a raíz de la queja formal presentada por la Asociación Castillo de Galve, a finales del año pasado, para denunciar el estado de abandono al que se ve sometido el castillo de esta localidad de la Sierra de Guadalajara, la dejadez de su propietario a la hora de acometer la rehabilitación que necesita este monumento y la falta de agilidad de las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de patrimonio histórico. La queja va dirigida contra el actual propietario del castillo por incumplir la legislación y contra la Junta por no obligarle a cumplirla.
El delegado provincial se comprometió en febrero a abrir un expediente por los reiterados incumplimientos en la conservación del monumento
En un informe enviado a la Defensora del Pueblo, la Junta asegura que trabaja “en diversas actuaciones para retomar” el proyecto que el propio dueño abandonó en enero de 2013
La Defensora del Pueblo envió el pasado 24 de junio un escrito a la Asociación Castillo de Galve para informarle de la respuesta dada por la Junta de Castilla-La Mancha sobre la situación de este monumento, tras la presentación de una queja formal por parte de la asociación galvita en diciembre de 2013. La Defensora del Pueblo, que ya envió un escrito previo hace un mes quejándose de la tardanza del Gobierno regional en redactar su informe, asegura que la Junta trabaja actualmente en “diversas actuaciones para retomar un proyecto de intervención por parte de la propiedad”.
La Asociación Castillo de Galve desconoce cuáles son estas actuaciones, teniendo en cuenta que, tal como admite la Junta, el propietario del inmueble no contesta a los requerimientos de la Administración desde enero de 2013. La entidad subraya que no era este el compromiso adquirido en febrero pasado por José Luis Condado, delegado provincial de la Junta, quien anunció la incoación de un expediente sancionador al dueño del castillo en un plazo máximo de seis meses. El plazo está a punto de rebasarse, el expediente sigue sin abrirse y, además, ahora la Junta comunica a la Defensora del Pueblo que sigue esperando a que el dueño ejecuta el proyecto que la propia Administración lleva dos años exigiéndole, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta.
El escrito de la Defensora del Pueblo asegura que, según ha trasladado la Junta, “en caso de que la situación de falta de cumplimiento de sus deberes de conservación persista, se procederá a tomar alguna de las medidas que se contemplan en los artículos 23, 73 y siguientes” de la actual ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. “Todos estos artículos facultan a la Consejería de Cultura a tomar medidas de castigo contra el dueño, pero su redacción es ambigua. Se supone que la Junta, por boca del delegado, ya había adoptado una posición firme”, asegura Raúl Conde, presidente de la Asociación Castillo de Galve.
“Consideramos que esta contestación de la Junta a la Defensora es una nueva tomadura de pelo. No se avanza nada y se vuelve a recuperar la idea de negociar con el dueño, cuando está comprobado que es un camino que no supone más que una pérdida de tiempo y de esfuerzos”, advierte Conde.
La asociación de Galve, tras mantener contactos con la Delegación provincial de Guadalajara en las últimas semanas, ha constatado que la documentación del expediente está “paralizada” en la Consejería de Cultura, con sede en Toledo. “Hasta que la consejería no lo desbloquee no habrá expediente, lo que supone un incumplimiento flagrante del compromiso que Condado adquirió en público en febrero, en una rueda de prensa ofrecida minutos antes de no querer recibir a los miembros de esta asociación”, añaden desde la asociación.
El escrito de la Defensora del Pueblo, firmado por Concepció Ferrer i Casals, Adjunta Segunda de la institución, hace un relato de la evolución del caso del castillo de Galve en los despachos de la Administración regional. Desde la primera inspección técnica realizada en 2006 y la presentación del proyecto de consolidación del castillo que presentó el dueño en septiembre de 2007 hasta el punto actual de bloqueo en el que se encuentra el edificio, cada vez más deteriorado.
En febrero de 2008, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico exigió al dueño que completara el proyecto con un estudio arqueológico y de paramentos, una tarea que el propietario “nunca llegó a finalizar”, tal como recalca la Defensora del Pueblo. Entre 2009 y 2011, la Dirección General de Patrimonio optó por incoar un expediente de sanción que nunca llegó a iniciarse. Después del cambio de gobierno en mayo de 2011, el actual Gobierno regional volvió a ponerse en contacto con el dueño del edificio, aunque con nulos resultados.
El informe enviado por la Junta a la Defensora del Pueblo se produce a raíz de la queja formal presentada por la Asociación Castillo de Galve, a finales del año pasado, para denunciar el estado de abandono al que se ve sometido el castillo de esta localidad de la Sierra de Guadalajara, la dejadez de su propietario a la hora de acometer la rehabilitación que necesita este monumento y la falta de agilidad de las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de patrimonio histórico. La queja va dirigida contra el actual propietario del castillo por incumplir la legislación y contra la Junta por no obligarle a cumplirla.
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