Sada critica la espera de seis años por el informe arqueológico de Fontán (A Coruña)

El Ayuntamiento de Sada critica que se tardase seis años en facilitarle un informe arqueológico sobre la excavación del castillo de Fontán, por el cual se abonaron 15.000 euros en 2008.

Según fuentes municipales, el equipo de gobierno, que preside Ernesto Anido, ya dispone de la documentación realizada por el arqueólogo Antón Fernández Malde sobre un trabajo realizado en el año 2007.
Las mismas fuentes indican que el especialista remitió el informe el pasado 14 de este mes. Seis años después de que el anterior ejecutivo local, presidido por el nacionalista Abel López Soto, ya lo abonase “y tras los reiterados requerimientos de Anido y de la Dirección Xeral de Patrimonio para que aportase la documentación”.
El Ayuntamiento señala que el informe, el análisis de los resultados y la memoria arqueológica de la excavación “que se presentaron sin fecha de redacción” están siendo ahora analizados por técnicos municipales.
Asimismo asegura que la falta de la mencionada documentación impidió desde 2007 la consolidación de los muros de los restos del castillo.
“Una actuación que curiosamente el arqueólogo responsable de aquellos trabajos considera necesario acometer, tal como indica en la documentación remitida la pasada semana al Ayuntamiento”, dicen desde el equipo de gobierno.

intervención policial

El ejecutivo local sadense apunta que la forma en la que se llevaron a cabo las obras de acondicionamiento del entorno del castillo, que asegura que se realizaron sin autorización de Patrimonio, motivó la intervención de la Policía Autonómica, que exigió examinar el expediente.
Asimismo, añade el Ayuntamiento, actuaron Patrimonio, que declaró las obras ilegalizables, y la Fiscalía, que reclamó al gobierno local información sobre las personas que habían autorizado unos trabajos que recibieron el visto bueno de la junta de gobierno y que fueron sufragadas mediante decretos del exalcalde López Soto.
El actual ejecutivo local afirma que quiso legalizar lo realizado por el anterior gobierno municipal, pero que la Xunta le requirió un proyecto de puesta en valor que modificase lo realizado sin los preceptivos permisos correspondientes.