No se sabe a quién pertenece el monasterio de Bonaval (Guadalajara)

Puede parecer insólito, pero la restauración y conservación del monasterio de Santa María de Bonaval, en Retiendas, se ve dificultada por "una situación complicada", según el delegado de la Junta de Castilla - La Mancha en Guadalajara, José Luís Condado. Y es que, pese a que "se lleva trabajando muchos meses desde el servicio periférico de Educación y Cultura en este asunto", a día de hoy se desconoce la titularidad del mismo, según el representante del Gobierno regional en la provincia.

"Sabemos que se está haciendo una cierta presión", reconoce Condado, en referencia a iniciativas como la del Grupo en Defensa del Patrimonio, que lleva ya años reclamando que se actúe sobre la edificación -más aún desde que una parte considerable se derrumbara a finales del pasado año- y ahora ha iniciado una campaña de firmas en la plataforma online Change.org.

La delegación provincial de la Junta ha recurrido a diversas fuentes para conocer la titularidad del monasterio, "pero ahora mismo no sabemos a quien dirigirnos", asegura Condado, que ha destacado que, pese a eso, lo que si se ha hecho es vallar la propiedad.

Una propiedad sin dueño conocido, ya que "se ha consultado a la Gerencia Territorial del Catastro y la titularidad está omitida", dice Condado, que señala asimismo que tampoco consta ese dato en la base de datos de la Diputación Provincial y que en el registro de Cogolludo la última inscripción data del año 1894, a nombre de dos personas.

Puestos en contacto con el Ayuntamiento de Retiendas, este ha ofrecido verbalmente, de momento, una información que dice que en 1900 "se lo quedaban 45 familias del pueblo", pero se está esperando a que el municipio conteste por escrito para remitir el problema a Toledo y que se dictamine la fórmula de actuación.

Nueva Ley de Patrimonio Cultural

En este sentido, también ha aprovechado José Luís Condado para presentar el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para su aprobación en las Cortes.

“Se trata de sustituir una ley de hace veinte años que estaba desfasada” ha insistido Condado, que sitúa entre los objetivos de esta medida la conservación, protección y enriquecimiento del Patrimonio; la necesidad de actualizar el concepto de patrimonio cultural al criterio de la UNESCO; o la defensa, también, del patrimonio inmaterial, como las expresiones orales o la obra de autores vivos, siempre que cuente con el aval de alguna institución apropiada.

Así las cosas, la Junta pretende añadir dos nuevas categorías de protección a la declaración de Bien de Interés Cultural ya existente. En concreto las de Bien de Interés Cultural Patrimonial y la de Elemento de Interés Patrimonial, que requerirán de un tiempo de tramitación menor: nueve y seis meses en cada caso, por doce que requiere la declaración de BIC.

Por último, hay “una novedad importante”, que es la que dota a los inspectores de Patrimonio como agentes de la autoridad con capacidad para imponer multas dentro de un régimen sancionador que incluye la nueva ley y en el que las cuantías varían desde 6.000€ hasta un millón en los casos de máxima gravedad.

El importe de lo recaudado se destinará a “la conservación y protección del Patrimonio Cultural de la región”, según Condado.