El Superior rechaza indemnización a promotora por conservar una muralla (A Coruña)

El Superior rechaza que la Xunta indemnice a una promotora por conservar una muralla. Destaca que la administración tiene potestad para ordenar cambiar el plan de edificación de un solar de la calle Santo Domingo aunque los restos no estén catalogados como Bien de Interés Cultural

La promotora que localizó restos de la muralla medieval de la ciudad en las calles Santo Domingo y Príncipe, los vecinos de la zona y la Consellería de Cultura mantienen decenas de pleitos sobre el asunto. Las incidencias burocráticas, entre las que figuran desde llamadas de los residentes a la policía hasta los procedimientos judiciales, ya alcanzan el millar. La última sentencia del Superior desestima uno de los recursos presentados por la empresa, que, hasta ahora, fue indemnizada con unos 700.000 euros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechaza que la Xunta indemnice a la constructora que halló un tramo de la muralla medieval de la ciudad cuando comenzó a excavar en el solar situado en el número 6 de la calle Santo Domingo. La empresa solicitó al alto órgano jurisdiccional gallego que anulase la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio que ordena la conservación in situ de la muralla y la elaboración de un proyecto para su conservación e integración en la escena urbana.

La compañía, además, exigía que la Xunta fuese condenada a abonarle una indemnización. La constructora alegó que no tuvo conocimiento de los informes emitidos por los arqueólogos del Ayuntamiento y de la Consellería de Cultura hasta que le remitieron la resolución, lo que -asegura- le causó indefensión, así como que la muralla no está considerada Bien de Interés Cultural (BIC).

Los jueces de la sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo desestimaron las demandas de la empresa. Así, destacan que, aunque la muralla no haya sido declarada BIC, el procedimiento seguido por la Xunta tiene "una finalidad preventiva, de control y de conservación". El tribunal basa su veredicto en la ley de patrimonio de Galicia, que dispone que tienen consideración de "dominio público" todos los objetos y restos materiales de interés arqueológico descubiertos "como consecuencia de excavaciones o cualquier otro trabajo sistemático, obras de cualquier índole o de forma casual". El Gobierno autonómico, según la misma norma, deberá "ordenar el control arqueológico y determinar si procede paralizar las obras y ordenar algún tipo de intervención".

"Es evidente que, a medida que se descubren restos con valor arqueológico, la administración tiene que adoptar de inmediato, y sin esperar a la tramitación del expediente al que se refiere la parte actora -la declaración de BIC-, las medidas que procedan para su conservación. Y, entre ellas, puede estar su mantenimiento in situ", recalcan los jueces en el fallo, en el que destaca que la Xunta tiene potestad para obligar a la compañía a presentar un nuevo proyecto para conservar la muralla.

El Superior, además, señala que la promotora carece de derecho a ser indemnizada porque, según las normas de protección arqueológica, tiene "el deber jurídico de soportar la pérdida de aprovechamiento" del solar. En cuanto a la "indefensión" que denuncia la empresa, los magistrados sostienen que en su recurso no indica "en qué quedó mermado su derecho a defensa con la omisión del traslado de los informes", ya que la compañía "no discute el valor arqueológico de los restos", que es lo que determinan los documentos.

Esta sentencia del TSXG es la resolución de uno de los muchos pleitos que mantienen la Xunta, los vecinos y la promotora del inmueble de la calle Santo Domingo y de la calle Príncipe, donde la empresa también descubrió restos de la muralla medieval. La empresa, por el momento, fue indemnizada con unos 700.000 euros, pero todavía hay pendientes resoluciones judiciales, pues cada una de las denuncias se refiere a un apartado concreto. El caso registra más de 1.000 incidencias burocráticas, entre las que figuran desde llamadas de los vecinos a la policía hasta los pleitos.