Los delitos contra el patrimonio caen a menos de la mitad

Al día siguiente de que uno de los mayores ataques al patrimonio histórico de Galicia saltase a las páginas de los periódicos -el robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago-, la Fiscalía Superior de Galicia presentó sus datos de 2010 referente a este tipo de delitos. Y en ellos se advierte un pronunciado descenso en el número de denuncias presentadas respecto a 2009 por hechos intencionados: a lo largo del año pasado, el organismo que preside el fiscal Carlos Varela inició 11 procedimientos, 16 menos que en el periodo anterior. Lo que sí hubo fue más delitos imprudentes, dos, cuando en 2009 no se contabilizó ninguno.
El documento recoge, además, que fueron 21 las diligencias preprocesales penales incoadas relativas a "posibles delitos contra el patrimonio histórico-artístico en Galicia", 11 más que en 2009. Más de la mitada ocurrieron en la provincia de A Coruña. Las principales víctimas de los expolios, señala el comunicado, fueron los inmuebles religiosos, iglesias, monasterios y ermitas. La iconografía católica, de distintas épocas y materiales y "gran valor cultural", se encuentra entre los materiales que más sufren las acciones delictivas. El ministerio público constanta la existencia de un "mercado ilegal de piedra y objetos religiosos" que opera principalmente en páginas web y bajo el paraguas cibernético.
La propia fiscalía admite las dificultades de concretar el número de expolios contra el patrimonio ocurridos en la comunidad, ya que los datos que hace públicos solo reflejan los atestados policiales abiertos después de una denuncia. Una excepción la conforman los daños en los bienes arqueológicos, en los cuales los expedientes se abren con los datos aportados por la policía judicial, que suele sorprender al saqueador en plena faena. No pocas veces el expolio de bienes arqueológicos acontece en un yacimiento en proceso de excavación autorizada.

El propio fiscal superior, Carlos Varela, presentó a finales de 2010 un relatorio en el que afirmaba la necesidad de ordenar la "acción protectora" del patrimonio. Inventariado y clasificación de los bienes culturales con "inestimable valor cultural", la coordinación de la salvaguarda de la historia con la ordenación del territorio o la protección medioambiental, inspección y prevención y una adecuada política de información son las bases del documento redactado por Varela.