Un sobrino político de Azaña recupera el castillo de Villalba para abrirlo al público

El próximo 27 de abril, a las 12:00 horas, concluye el plazo legal para que Pilar Hernández abandone el que ha sido el hogar de su familia durante los últimos sesenta años. La noticia no tendría mayor trascendencia si no fuera porque Pilar y los suyos viven en un castillo medieval.

Los descendientes del último presidente de la República Española, Manuel Azaña o, para ser más exactos, de su mujer, Dolores de Rivas Cherif, iniciaron en 2009 el procedimiento para desalojar de la fortaleza de Villalba de los Alcores (coso, vivienda aneja y tierras) a quienes todavía son sus inquilinos. Ahora, tras una sentencia favorable por denegación de prórroga forzosa y la desestimación por parte de la Audiencia de Valladolid del recurso de apelación presentado por los arrendatarios, a Pilar y a su familia no les queda más remedio que hacer las maletas antes de esa fecha, o someterse a un levantamiento por parte de las fuerzas del orden.
La historia inmediata de la fortaleza del siglo XII, declarada Monumento Histórico Nacional en 1931, es también la historia de ambas familias. La de los De Rivas, porque fue el secretario del rey, Cipriano de Rivas, quien en 1860 compró el coso y se lo legó a su hija, la futura mujer de Azaña, que no tuvo descendientes directos, pero sí sobrinos. La de los Hernández, porque desde que la familia del último presidente de la República se exilió en México e Italia tras la Guerra Civil, ellos han sido los únicos moradores y cuidadores que ha tenido el castillo y sus anexos, por los que abonaban a los propietarios 105 euros anuales.
Pero el proceso judicial entre ambas partes tendrá más consecuencias que un mero cambio de moradores en el monumento. El objetivo del diplomático Enrique de Rivas, el único sobrino político de Azaña que ha visitado periódicamente Villalba de los Alcores, es que el castillo no se «eche a perder, como ha estado sucediendo desde que está en manos de esta familia». Su abogado, Fernando Veiga Conde, asegura que el propósito del octogenario propietario es «pasar temporadas en él», pero también que se restaure y pueda abrir al público sus puertas, cerradas a cal y canto desde hace décadas.
«Quiere frenar los daños que el monumento ha experimentado, porque los arrendatarios se han negado siempre a permitir la entrada de cualquier persona ajena a la familia. Mi cliente no me ha concretado su decisión, pero creo que pretende algún convenio institucional que posibilite la restauración del coso y le permita a él mantener su llave, como sucede con los propietarios del castillo de Pedraza». Veiga habla con rotundidad cuando asegura que la fortaleza no se venderá a particulares «ni en sueños».
El castillo fue levantado en el siglo XII por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén y cuenta con tres recintos en forma de cuadrilátero, protegidos con cubos de base cuadrada. Es de planta rectangular y está rodeada por un amplio patio de armas. Pese a tratarse de una magnífica construcción, el reiterado expolio de sus piedras y la falta de actuaciones de restauración han provocado un paulatino estado de ruina que se agudizó en 1960, con el desmoronamiento de su torre del homenaje.
Durante décadas, la familia Hernández García utilizó sus bodegas como almacén de los quesos de calidad que produce bajo ese mismo nombre, si bien hace más de una década la Junta de Castilla y León determinó que los sótanos góticos de la fortaleza no cumplían los requisitos necesarios para la curación alimentaria y varios hermanos construyeron una nave que hoy es la sede de la empresa.
Desde entonces, Pilar y su familia son los únicos inquilinos de la vivienda, los terrenos y las paneras del interior de la fortificación, en la que todavía hay animales de granja y vehículos agrícolas. «Nos hemos tenido que ir a casa de un hermano porque todavía no tenemos vivienda y no sé qué vamos a hacer con la maquinaria», explica Pilar. Y, aunque la arrendataria asegura que no entraban en el castillo «más que a ventilar y a dar una vuelta», lo cierto es que han seguido utilizando sus bodegas para curar embutido y almacenar su vino hasta hace tan solo unas semanas.
El procedimiento judicial por el que se ha resuelto el desalojo del complejo ha sido más rápido de lo que es habitual en los casos de arrendamientos con inquilinos que carecen de una vivienda alternativa. Pese a que Pilar Hernández alegó esta circunstancia y que tampoco tenía dónde trasladar los útiles propios de su trabajo agrícola y ganadero, la realidad es que lleva varios años construyendo una casa en el municipio.
Los inquilinos y sus abogados han decidido acatar la sentencia, por lo que en principio no será necesario que el próximo día 27 se proceda a su lanzamiento. No obstante, Enrique de Rivas y su letrado madrileño prevén trasladarse ese día a Valladolid. «Queremos estar presentes cuando se abran las puertas y hacer un inventario del estado en el que han dejado todas las dependencias», explica Veiga Conde.
Por primera vez en décadas se podrá ver el interior de uno de los monumentos más emblemáticos de Valladolid que, pese a los tímidos intentos de compra por parte del Gobierno regional y las reprimendas del Procurador del Común, se encuentra en un lamentable estado de ruina. Unos aseguran que se mantiene en pie gracias a ellos, los otros sostienen que los arrendatarios han sido los principales culpables de su deterioro. Lo cierto es que, unos por otros, la fortaleza 'nunca se ha barrido'.