Treinta años en lista de espera para ser BIC (Castilla y León)

José Ignacio Martín Benito, portavoz de Cultura del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas, denunció ayer que en Castilla y León hay 22 zonas arqueológicas pendientes de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) desde hace 30 años. Esta «tardanza» ha llevado al PSOE a presentar varias iniciativas en las Cortes para instar a la Junta a la resolución de dichos expedientes.

En la provincia de León habría dos enclaves arqueológicos «estancados» a la espera de ser declarados BIC: el poblado romano de Corona de Quintanilla, en Quintanilla de Somoza; y el castro de Corona de Corporales.

«Castilla y León tiene un rico y disperso patrimonio arqueológico. Castros, dólmenes, villas romanas, cuyas estructuras y restos son visibles, permanecen en el olvido, perdidas en el mundo rural. La memoria -”cada vez más frágil-” sólo queda en los lugareños y en los libros de historia», añade en un comunicado Martín Benito. Por ello, aboga por el rescate, promoción y puesta en valor de este patrimonio cultural como activo turístico, para insertarlo dentro de las políticas de desarrollo rural. Para el procurador socialista, los municipios por sí solos poco pueden hacer para impulsar la promoción, conservación y puesta en valor de estos enclaves arqueológicos.

Sostiene que la despoblación contribuye también a «la falta de efectivos, de fuerzas y de recursos para que los ayuntamientos lleven a cabo de manera individual la promoción y mantenimiento de estos bienes arqueológicos». Por eso, remarca que es preciso aunar esfuerzos de cooperación entre las administraciones y la sociedad civil. Recuerda, además, que en septiembre del 2009, los socialistas registraron diversas peticiones de documentación para conocer el estado de tramitación de varios expedientes abiertos para la declaración como BIC en la categoría de zonas arqueológicas. Los procuradores pudieron comprobar que desde la apertura a comienzos de los años ochenta del pasado siglo, los expedientes no habían avanzado nada en su tramitación y estaban en «punto muerto».