El Estado impide juzgar a cinco militares por destruir patrimonio histórico en Cartagena

El Estado impide juzgar a cinco militares por destruir patrimonio histórico en Cartagena

La Abogacía del Estado está decidida a que cinco altos oficiales de la Armada y el Ejército eludan tener que sentarse en el banquillo por la destrucción de los Diques de Feringán, una construcción militar que estaba dentro del Arsenal de Cartagena catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y que fue destruida entre 2000 y 2001 sin consultar con el Ministerio de Cultura.

El abogado del Estado Nicolás Valero acaba de firmar un recurso contra el recurso que la Asociación de Defensa del Patrimonio (ADEPA) interpuso para intentar que quedara sin efecto el auto del magistrado-juez Álvaro Bellas-Dublang, del juzgado de lo penal 2 de la ciudad portuaria, el 26 de noviembre pasado en el que ordenaba el archivo de las diligencias contra aquellos militares por considerar que la acusación popular ejercida no estaba “debidamente legítimada” para la apertura de juicio oral.

A este auto respondió ADEPA el 9 de diciembre con un recurso de apelación por considerar que “el cauce de la acción popular es el más adecuado para dar curso a actuaciones contra los aludidos bienes colectivos [los Diques de Feringán], actuando en calidad de genéricos perjudicados”.

Ahora, la abogacía recurre contra ese recurso con el fin de conseguir la nulidad de todas las actuaciones judiciales anteriores por la comisión de “un presunto delito contra el Patrimonio Histórico”, en apreciación de ADEPA. En el procedimiento abreviado que inició esa asociación patrimonialista cartagenera estaban pendientes de juicio oral, procesados formalmente, el almirante José Enrique de Benito Dorronzoro, el general de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos Leonardo Larios Aracama (ya fallecido), el general togado José Manuel Gordillo Álvarez-Valdés, el coronel Aurelio Manuel Valdés Sánchez y el capitán de fragata ingeniero Juan Manuel Acero y Gómez.

Los cinco desempeñaban cargos de responsabilidad en el Ministerio de Defensa en 2000 y 2001, cuando se demolieron, sin consultar con el de Cultura, los diques históricos. El 4 de noviembre de 2004, el magistrado-juez instructor Andrés Carrillo, del número 1 de Cartagena, dictó auto de procedimiento abreviado como imputados contra ellos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 323 del Código Penal sobre daños al Patrimonio Histórico.

Cinco jueces distintos

El presunto delito contra el patrimonio histórico en el recinto del Arsenal de Cartagena denunciado por ADEPA estaba originado por la destrucción de los diques de carena en seco construidos en el siglo XVIII, que eran conocidos por el nombre del arquitecto militar que dirigió su construcción, Sebastián Feringán. El procedimiento, iniciado formalmente en el año 2004, dormía el sueño de los justos en los estantes de los juzgados de Cartagena. Al menos cinco jueces distintos han tenido el asunto en sus manos sin que los trámites hayan desembocado en la celebración de la vista oral.

El 4 de noviembre de 2004, el magistrado-juez instructor Andrés Carrillo –que entonces estaba en el número 1 de Cartagena y ahora está destinado en Murcia desde 2005–, dictó auto de procedimiento abreviado como imputados contra los cinco altos oficiales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 323 del Código Penal sobre daños al Patrimonio Histórico.

Aquel auto estableció que, desde finales de 2000 hasta un año más tarde, dentro del Arsenal de la Armada en Cartagena se llevó a cabo la destrucción “por completo” de “los antiguos diques de Sebastián Feringán, o de Jorge Juan, de carenar en seco, […] parte integrante (por su importancia cultural, histórica e ingenieril) del Patrimonio Histórico Español y una de las obras clave de la ingeniería naval de nuestro pasado”.

Las obras, continúa el auto, “se realizaron a sabiendas de que se iba a proceder a la destrucción completa de esos diques, sin consideración alguna respecto de las mismas, y sin contar para nada con el Ministerio de Cultura, al que no se le dio conocimiento alguno de los que se iba a actuar”.

Desde que Carrillo se trasladó a Murcia, los jueces Brígida Gil Páez, Rocío Escondrillas, Roberto Fernández Muñoz y Lourdes Prado Cabrero han pasado sucesivamente por el juzgado de instrucción número 1 sin que hubiera avances notables en el procedimiento ni fijación de fecha de apertura de juicio oral. Normalmente, en los juzgados de Cartagena los procedimientos penales abreviados suelen ver celebrado el juicio oral a los dos o tres años. En este caso, son ya diez los transcurridos.

Casi un año y medio después del auto del juez Carrillo, el fiscal Pablo Lanzarote pidió el sobreseimiento libre y archivo del caso, en febrero de 2006, anticipándose al escrito de acusación particular que hizo una petición de pena para los cinco imputados de tres años de prisión y 24 meses de multa, además de las responsabilidad civil correspondiente, el último día de marzo de 2006.

Ahora, más de cuatro años después del último movimiento, y tras el auto de archivo de Bellas-Dublang, el abogado del Estado Nicolás Valero suma también sus fuerzas jurídicas para que la destrucción de los Diques de Feringán o de Jorge Juan quede como un acto exento de responsabilidades de ningún tipo.

Un BIC único en el Mediterráneo

Los llamados Diques de Feringán tenían la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) por ser restos arqueológicos subacuáticos y por formar parte del conjunto histórico del Arsenal de Cartagena, uno de los tres, junto a los de Ferrol y Cádiz, que existen en España. Estaban protegidos por la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico español y por el Real Decreto 3046/80 de declaración del conjunto histórico de Cartagena.

Se trataba de unos diques de fábrica de ladrillo para el carenado y reparación en seco de navíos. Los proyectó el capitán de navío Jorge Juan, los construyó como director el ingeniero Sebastián Feringán y se terminaron en 1755, durante el reinado de Fernando VI. Fueron los primeros de su tipo en un puerto del Mediterráneo. Hasta entonces sólo existían en dársenas del Atlántico.

Cuando los responsables del Arsenal de Cartagena decidieron eliminarlos para dedicar el espacio que ocupaban a otras instalaciones militares, partes de sus restos fueron vendidos a un anticuario y otros arrojados a vertederos, asegura y tiene documentado la cartagenera ADEPA.

Las denuncias de ADEPA motivaron diversos intentos de intervención de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, “al que incluso se ignoró en reiterados escritos que se fueron presentando ante el Ministerio de Defensa”, especifica el auto del juez instructor Carrillo.