«La protección del patrimonio no está reñida con el desarrollo económico» (Castilla-La Mancha)

«La protección del patrimonio no está reñida con el desarrollo económico» (Castilla-La Mancha)

La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha tiene por objeto la conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio cultural existente en la región, para su difusión y transmisión a las generaciones venideras y el disfrute por la actual generación. Así arranca la exposición de motivos de una ley que sustituye a la del año 1990 que, aunque supuso un hito en el ordenamiento jurídico autonómico, «estaba obsoleta». Así lo explicó a La Tribuna el director general de Cultura de la Junta de Comunidades, Francisco Javier Morales Hervás, quien añadió que una primera razón que justificó la aprobación de la ley de 2013 era la necesidad de actualizar el concepto de Patrimonio Cultural de manera que el mismo comprendiera, en un sentido amplio, el valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico y técnico, ya reconocidos en la norma anterior. Actualización que también se pretende conseguir con la extensión de dicho concepto al denominado patrimonio inmaterial, en el sentido marcado por la Unesco en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrito en París el 17 de octubre de 2003.
Asimismo, la presente Ley establece una nueva clasificación de las figuras de protección jurídica en que pueden incluirse los bienes. Se establecen dos nuevas figuras de protección. A la declaración de Bien de Interés Cultural se suman la declaración de Bien de Interés Patrimonial y la declaración de Elemento de Interés Patrimonial. «En esta Ley se da mucha importancia al patrimonio inmaterial que, quizás, en la anterior norma no estaba suficientemente recogido». Prueba de ello, el Gobierno regional ya ha incoado los expedientes para proteger la cetrería o el Corpus (éste último todavía pendiente). «Se trata de poner en valor elementos que están enraizados en la región y que con la anterior Ley no era sencillo documentarlos», subrayó Morales.
La norma también contempla una serie de regímenes sancionadores que, quizás, «sea lo más impopular pero que también teníamos que recogerlo». Así, en lo que lleva la Ley en vigor, informó el director general de Cultura, ya se han abierto tantos expedientes sancionadores «como en todo el tiempo que estuvo en vigor la anterior Ley».
No obstante, Morales recalcó que la voluntad del Gobierno regional no es recaudadora pero sí que se cumpla la Ley y, para ello, «lamentablemente hay que abrir en ocasiones expedientes sancionadores».
Para que la Ley de Patrimonio Cultural se cumpla a raja tabla, la Dirección General de Cultura trabaja codo con codo con el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil. «He mantenido algunas reuniones con ellos porque están haciendo una labor fantástica». De hecho, aseguró Morales, la Guardia Civil fue una de las primeras instituciones en agradecer al Ejecutivo de María Dolores Cospedal la actualización de la norma, ya que a ellos «les da una serie de ventajas y fuerza para luchar contra aquéllos que deterioran el patrimonio arqueológico». «Queremos que se sepa que aquél que cometa una infracción, estará sujeto a una sanción».
Sobre el ‘poder’ de disuasión de la reciente Ley de Patrimonio, Morales aseguró que todavía es pronto para cuantificarlo, ya que actualmente están incoando los expedientes abiertos. Pero «estoy convencido de que cuando la gente sepa que estamos detrás, será más cuidadosa».
Opinó, a la vez, que las personas están también más concienciadas del valor del patrimonio. Por ejemplo, a los pequeños en el colegio se les explica la importancia de proteger el patrimonio. «Prefiero ir por el lado positivo de la concienciación, que por el lado coercitivo de la sanción, pero al Gobierno no le va a temblar la mano contra quien cometa una infracción. Tendrá que responder por ella», recalcó Morales.

BIC pendientes. María Dolores Cospedal siempre tuvo claro que cuando ocupara la Presidencia de Castilla-La Mancha declararía Bien de Interés Cultural la Fiesta Nacional de los Toros. Y así lo hizo a los pocos meses de ganar las elecciones autonómicas. Desde entonces son numerosos y variados los BIC declarados por el Gobierno regional como, por ejemplo, la Iglesia Parroquial de Santa María en Bujarrabal (Guadalajara), el Teatro Circo de Albacete o el Convento de las Concepcionistas Franciscanas, en Escalona (Toledo).
Actualmente, el Gobierno autonómico ha incoado otros ocho expedientes para declarar BIC o BIP (Bien de Interés Patrimonial) otros tantos elementos que engrandecen el rico patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Se tratan, detalló Morales, del Molino de Villapalos, ubicado en Menasalbas (Toledo); el Castillo de La Estrella de Montiel (Ciudad Real); el Poblado de Cañada de Agra, en Hellín (Albacete); el Pueblo de colonización de Villalba de Calatrava, en Viso del Marqués (Ciudad Real); la Iglesia Parroquial de NuestraSeñora de la Luz de Cuenca; la Fiesta del Corpus Christi de Toledo, Camuñas, Lagartera, Guadalajara, Valverde de los Arroyos, Porzuna y Elche de la Sierra; y los patios toledanos que el Gobierno regional quiere declararlos Bien de Interés Patrimonial, al igual que el Corpus.
Morales avanzó también la pretensión de incoar el expediente para declarar Zona Paleontológica el Nacimiento de las Hoyas, en Cuenca, ya que «todavía no tenemos ninguna enCastilla-La Mancha». Se trata de una zona paleontológica «espectacular» y «muy valoradas a nivel nacional e internacional». La Dirección General prevé iniciar el trámite el próximo año.
Preguntado sobre la opinión del sector sobre la presente Ley, Morales dejó claro que la mayoría del mismo se encuentra satisfecho con el desarrollo de la misma. «Los más afectados como arqueólogos o investigadores se han dado cuenta de que es una Ley que facilita y cuida la protección del patrimonio, pero también su divulgación». Otros sectores interesados como el Turismo o la Hostelería también están satisfechos «porque pone en valor el legado patrimonial de la región».
Pero como toda ley que se precie, ésta también tiene críticos. Morales comentó que algunos ayuntamientos o promotores han expuesto sus quejas sobre la Ley de Patrimonio Cultural pues obliga a elaborar determinados estudios de impacto que, en opinión del director general de Cultura, son necesarios para proteger el patrimonio regional. «Antes todo era más rápido y ahora se dilata algo más en el tiempo, pero la protección de patrimonio no está reñida con el desarrollo económico», sentenció Morales.